Francisco Bravo, jurista manabita y excandidato a Contralor General del Estado, quien junto al exasambleísta Leonardo Viteri y al abogado Marcelo Farfán han venido denunciando los supuestos actos de corrupción e irregularidades que implican al Prefecto de Manabí y a su hijo asambleísta, lamentó ante los Medios Públicos lo que ha sucedido en su provincia durante los 13 años de la administración del prefecto Mariano Zambrano Segovia.

Sin embargo, resaltó que poco a poco ha quedando al descubierto cómo primó el interés personal y familiar antes que el interés general.

“Se sacrificaron obras de interés colectivos para el pueblo manabita, como la construcción del Puerto de Aguas Profunda de Manta y la Refinería del Pacifico. Se registró la desaparición de los organismos de desarrollo de Manabí, CRM, de Junta de Recursos Hidráulicos, Ceden, de Emelmanabí y el cierre del Aeropuerto Reales Tamarindos de Portoviejo”, señaló este martes 3 de julio de 2018.

Dijo que el silencio y la falta de defensa de estos organismos y obras de desarrollo, “obedecían al acomodo personal y patrimonial de quien estando moralmente y legalmente obligado a defenderlos, no lo defendieron”.

De allí que resaltó que confían plenamente en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, organismo que está dando respuesta a la sociedad manabita en la denuncia presentada en la Fiscalía General en cuanto a los indicios penales encontrados en contra de padre e hijo.

Manifestó que el llamado a rendir versión a los Zambrano en base a la denuncia presentada por el Cpccst, “es una muestra que el nuevo Fiscal General designado transitoriamente está dando señales de celeridad en las funciones encomendadas, contrario a lo que pasaba en la Fiscalía Provincial de Manabí”. (I)