“Hay que esperar a que se levanten las medidas cautelares que tenían algunos bienes inmuebles de la compañía Unión Constructora, y así continuar con el proceso de  venta que permita pagar a los perjudicados”, afirmó William Aguaguiña, abogado de los afectados de la inmobiliaria, luego de conocer la sentencia que se emitió el martes último en la que se impuso  una pena de tres años de prisión correccional a  Javier P., como autor del delito de estafa, y de un año seis meses a  Yadira T., como cómplice.

 El fallo también contempla el pago de daños y perjuicios a los afectados.

Campaña, defensor de los procesados, observó que la sentencia debía establecer el valor o perjuicio, pero no lo contempla.