Ecuador / Martes, 07 Octubre 2025

La extradición de exgobernador mexicano demoraría un año

Las autoridades mexicanas mencionan en sus investigaciones que el exgobernador habría desviado 223 millones de pesos a través de empresas fantasmas.
Foto: cortesía / Proceso.com.mx

El proceso de extradición del exgobernador mexicano detenido el sábado en Guatemala por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero podría tardar “de seis meses a un año”, estimó este lunes Alberto Elías Beltrán, subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la Fiscalía Federal de México.

Javier Duarte, exgobernador del estado de Veracruz (este de México), detenido tras seis meses de búsqueda internacional, está a la espera de una audiencia en la que su país deberá presentar la solicitud formal de extradición, precisó Beltrán. La fiscalía tiene 60 días para presentar el pedido y hará lo posible para que el proceso se efectúe sin “agotar los tiempos”, afirmó Beltrán en una entrevista con el canal de televisión local Televisa.

“En Guatemala, todas las resoluciones dentro del proceso de extradición son recurribles y vía amparo también, entonces es un proceso que lleva un tiempo”, explicó el subprocurador, estimando que podría llevar “de seis meses a un año”.

En caso de que Duarte, de 43 años, opte por no dar batalla legal, el proceso podría completarse en “dos o tres meses”, precisó.

Beltrán consideró que la fiscalía mexicana cuenta con un caso sólido para juzgar al exgobernante y descartó que este pueda quedar libre en poco tiempo debido a la gravedad de los cargos que enfrenta. “Estamos hablando de delincuencia organizada, delito que va de 20 a 40 años, y de lavado de dinero u operaciones con recursos de procedencia ilícita que la penalidad es de cinco a 15 años”, afirmó.

En la gestión de Duarte (2010-2016), Veracruz se convirtió en uno de los estados más violentos, con sangrientos asesinatos, casos de desaparición forzada y el asesinato de numerosos periodistas.

Lavado de activos

De acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), Javier Duarte es responsable de encabezar una red delictiva que permitió desviar al menos 223 millones de pesos provenientes del erario público, el cual fue entregado a empresas fantasmas que, a su vez, lo triangularon a un segundo nivel de compañías y estas a diferentes prestanombres.

El expediente del caso fue expuesto por fiscales de la PGR y funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en una audiencia oral realizada ante un juez federal en noviembre de 2016.

La indagatoria del Ministerio Público, que contó con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, indica que entre 2012 y 2013, a través de las secretarías de Educación y Salud de Veracruz, se concedieron contratos a las compañías Evolución de Diseños, Farmacias Genéricos, Solaris Technologies, Gali Textil y Aglomerados de Concreto del Papaloapan.

“Estas y otras compañías que siguen bajo investigación recibieron contratos en procesos simulados de adquisición por diversos rubros que no se llevaron a cabo, estas empresas son fachadas, de papel, con domicilios en donde no hay compañía alguna, creadas exprofeso para recibir y repartir recursos públicos”, expuso la Fiscalía.

Lo que luego documentó la PGR fue la ruta del dinero a través de transferencias electrónicas conocidas como SPEI. Los recursos fueron traspasados a por lo menos nueve empresas. Las firmas de papel, que ya no eran contratistas del gobierno, recibieron el dinero público de las que sí eran proveedoras. Con el apoyo de la Secretaría de Hacienda se detectó que todas ellas traspasaron el dinero a una empresa de tercer nivel denominada Consorcio Brades.

El seguimiento de las operaciones bancarias permitió a la PGR establecer que la empresa Consorcio Brades simuló la compra de terrenos ejidales con sobreprecio en Campeche. Los predios ejidales eran propiedad de prestanombres de Duarte que fingieron ser ejidatarios, entre ellos el empresario Moisés Mansur y el abogado fiscalista José Juan Janeiro Rodríguez.

La PGR expuso ante el juez que el dinero, en poder de los presuntos prestanombres de Duarte, fue utilizado con diversos fines, entre ellos la compra de un rancho de lujo en el Estado de México, un yate, y la inversión en propiedades en Guerrero, Ciudad de México, Veracruz, así como en los estados de Texas y Florida en Estados Unidos. (I)

Duarte inició su carrera pública en 1995 

Javier Duarte nació en Córdova, Veracruz, hace 43 años. Es hijo de María Cecilia de Ochoa y de Javier Duarte Franco. Duarte está casado con la economista Carime Macías, con quien tuvo tres hijos. En 1995 inició su carrera en la vida pública al ser nombrado asesor de la Coordinación General para la Promoción de la Participación Social en la Secretaría de Gobernación. Luego fue asesor de las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, Gobernación y Hacienda de la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados; secretario particular del exdiputado Fidel Herrera Beltrán y secretario técnico de la Comisión de Estudios Legislativos en la LVIII y LIX Legislaturas del Senado de la República. En 2004 fue designado subsecretario de Finanzas y Administración y secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz. También fungió como presidente del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales. En enero de 2009 se registró como precandidato del PRI a diputado federal por el XVI Distrito Electoral Federal de Veracruz. En marzo del mismo año fue nombrado candidato de su partido a la gubernatura del estado. Comenzó su campaña el 3 de mayo de 2009 y ganó la elección con 75.924 votos equivalente al 52,15% de la votación. Inició funciones como diputado el 1 de septiembre de 2009 en la LXI Legislatura federal y se desempeñó como vicecoordinador del Grupo Legislativo del PRI. (I)