Los abusos sexuales que supuestamente habría cometido el párroco Pedro G.G. en contra de una menor, desde 2012, pero denunciados el 1 de abril de 2013, desencadenaron en su llamamiento a juicio la mañana del lunes 4 de noviembre, en el Juzgado Décimo Segundo de Garantías Penales de Guayas.

No obstante, el procesado hoy es fugitivo y hasta que se entregue voluntariamente o sea detenido la causa queda suspendida y no se podrá convocar a la audiencia de juzgamiento. Así lo establece el Código de Procedimiento Penal en su artículo 233, en el que estipula que el juez de garantías penales, después de dictado dicho auto, ordenará suspender el inicio del juicio.

La norma excluye delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, en los que la continuación de la causa se realizará en ausencia del procesado.

El Código Penal, por su parte, prevé en su artículo 513 reprimir la violación con reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años, y en el 101 declara que la acción para proseguirlos prescribirá en quince años.

Ante lo expuesto, quienes estén implicados en procesos de esta naturaleza, como es el caso de Pedro G.G., deberán permanecer ocultos al menos 15 años para eludir el juicio desde su fecha de convocatoria, sin embargo pueden utilizar recursos previos (como la apelación) para demostrar que no son responsables de lo que estén acusados.

Antecedentes de la causa

El 1 de abril, Jackeline V. presentó una denuncia en contra del hoy fugitivo por la supuesta violación de sus  dos hijas menores de edad y otra adulta.

Pedro G.G., hasta antes de las acusaciones, era el padre de la iglesia Jesús Obrero, ubicada en las calles Leonidas Plaza y Alcedo, en Guayaquil, sector donde otros moradores también presentaron denuncias similares.

Dennis Mucarsel, abogado del sacerdote, sostiene que él es inocente y que todo se trata de una campaña en su contra porque conoce sobre supuestos actos indebidos que se cometen en esa comunidad. Agregó que presentará los recursos necesarios para probar su inocencia.

Mientras que Santiago Sánchez, defensor de las denunciantes, alega que los elementos presentados por la Fiscalía (resultados de exámenes médicos, psicológicos y pericias) fueron suficientes para impulsar el inicio del juicio en el que solicitarán la máxima sanción.