Los integrantes del Grupo de Combatientes Populares (GCP), acusados de atentar contra la seguridad interna del Estado, continuarán en calidad de detenidos pese a que solicitaron el cambio de medidas cautelares ante el Juzgado Décimo de Garantías Penales de Pichincha.

Son diez los sujetos (uno permanece bajo arresto domiciliario) capturados -en marzo pasado- durante el operativo policial “Sol Rojo”, ejecutado en Quito. Todos están implicados en este caso por, supuestamente, planear actos subversivos y violentos desde el  8 de marzo.  

El juez Luis Tipán, después de que se desarrolló la audiencia por siete horas, negó la libertad de los procesados,  acogiendo el pedido de la Fiscalía.

Desde las 08:30 de ayer (hora en que inició la diligencia), los amigos y familiares de los detenidos protestaron en los exteriores del Juzgado.

Carlos Tapia, padre de Fadua Tapia, quien tiene arresto domiciliario por estado de gestación, manifestó su indignación por el trato que se les ha dado a los jóvenes.

“Todos son estudiantes y profesionales, padres de familia, no cometieron ningún delito”, manifestó Tapia. Otros familiares indicaron que no se ha encontrado evidencia que los relacione con actividades ilegales.

Uno de ellos, que prefirió no identificarse, señaló que con lo sucedido se violentaría el derecho de reunión y opinión en el país. El defensor de los procesados, Ciro Guzmán, indicó que presentará un amparo de libertad.