Miembros de la Conaie y de la comunidad de Saraguro mantuvieron una reunión la tarde de este lunes con Tomás Alvear, director general del Consejo de la Judicatura (CJ), para explicarles la situación sobre las sentencias que recibieron dos miembros de la localidad.

Luisa L. y Amable A., habitantes de Saraguro, fueron condenados a 4 años de prisión por paralización de servicios públicos en las protestas de agosto de 2015.

Alvear los recibió en un salón del Consejo Nacional de la Judicatura y les comunicó que no puede pronunciarse sobre las sentencias. “Habrá que esperar que el proceso esté completamente concluído”, dijo.

Katy Betancourt Machoa, dirigente de la Mujer y Familia de la Conaie, aprovechó para entregarle un documento donde demandan, entre otras resoluciones, dejar sin efecto la sentencia.

Alvear enfatizó que “la Judicatura respeta la autonomía interna y externa de las decisiones jurisdiccionales. Somos vigilantes del ámbito administrativo. Recibimos el documento y será analizado”.

Los procesados también estuvieron presentes en la reunión e insistieron en su inocencia.

Wilson Ordóñez, asesor jurídico de la Conaie, afirmó que las condenas fueron desproporcionadas, por lo que “existen otras infracciones comunes que no han sido sancionadas con esa irregularidad”.

Previamente, antes de la reunión, colectivos afines a la Conaie realizaron una protesta con tambores en los exteriores del edificio del Consejo de la Judicatura en Quito, exigiendo el archivo de los procesos en contra de los dos condenados. (I)