Los abogados del asambleísta Cléver Jiménez, de su asesor Fernando Villavicencio y el activista Carlos Figueroa presentaron una Acción Extraordinaria de Protección ante la Corte Constitucional sobre la sentencia de Casación dictada por el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, presidida por el Juez ponente Vicente Robalino.

La acción se fundamentó, según los peticionarios, en que se violaron las normas constitucionales del debido proceso, así como el principio de la seguridad jurídica y el principio de legalidad a la motivación de la sentencia de casación.

Con esta petición los sentenciados pretenden que se declaren vulnerados sus derechos constitucionales y -como consecuencia- motivar la nulidad de la pena impuesta en contra de los Jiménez, Villavicencio y Figueroa.

Este recurso jurídico no suspende la ejecución de la sentencia condenatoria de 18 meses de prisión para Jiménez y Villavicencio y de 6 meses para Figueroa a 6 meses. La sentencia también señala el pago de 140 mil dólares como indemnización y la presentación de disculpas públicas al presidente de la República, Rafael Correa.

Los acusados, en primera instancia, presentaron una denuncia contra el Jefe de Estado por supuestamente haber ordenado la incursión armada al hospital de la Policía en la revuelta del 30 de septiembre del 2010. La demanda fue rechazada y el Mandatario contrademandó a los activistas por injurias, lo que motivó que la jueza Lucy Blacio, fallara en favor de Correa.