Durante la audiencia que se instaló este miércoles en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, formuló cargos contra el exasambleísta Cléver J. y Fernando V. por su presunta responsabilidad en la divulgación de información restringida. 

A la diligencia asistió Alexis Mera, secretario jurídico de Presidencia, y Diego García, procurador general del Estado. 

Según la Fiscalía, los procesados en los meses de octubre y noviembre del 2013 habrían divulgado información protegida por el derecho a la inviolabilidad y al secreto, contemplado en el numeral 21 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador.

En su intervención, Galo Chiriboga mencionó que el martes 29 de octubre del 2013, Cléver J., en esa época asambleísta, habría difundido desde su correo electrónico institucional, un boletín de prensa titulado "Abogados de Chevron asesoran a gobierno en defensa internacional".

En este boletín aseguraba que la firma de abogados Foley Hoag de EE.UU. fue contratada por el gobierno ecuatoriano para la defensa de varias demandas internacionales, pese a que trabajaba para la multinacional Chevron Texaco.

El exsambleísta también afirmaba que la relación entre Chevron y Foley Hoag la conocían los más altos funcionarios del gobierno, por lo que exigía una aclaración.

El fiscal Chiriboga explicó que estos datos fueron aclarados en el 2009. Sin embargo, 4 años más tarde, Cléver J. los presentó como si fueran reales. Es decir, utilizó fraudulentamente esta información.

Este boletín se habría replicado en varios medios de comunicación, asimismo Cléver J. habría dado entrevistas sobre el tema.

En la investigación se determinó que la información divulgada hacía referencia al contenido de los correos electrónicos enviados por el procurador general del Estado, Diego García, a Rafael Correa, presidente de la República y a Alexis Mera, secretario general jurídico de la Presidencia.

Además, se conoció que los boletines difundidos por Cléver J., al parecer eran elaborados por Fernando V., a pesar de que no desempeñaba ningún cargo en la Asamblea Nacional.

En la audiencia la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para los procesados, con el fin de garantizar su presencia en el proceso penal, lo que no fue aceptado. En cambio el juez nacional Jorge Blum dictó para ambos las medidas cautelares de no ausentarse del país y presentarse cada 15 días ante la autoridad.

Previamente el magistrado había rechazado, por improcedente, un pedido de Cléver J. de archivo y desestimación del proceso en su contra. 

La instrucción fiscal en este caso durará 45 días. (I)