La Fiscalía General del Estado abrió una instrucción fiscal por el supuesto delito de odio, contra cinco personas que estarían involucradas en el funcionamiento de una clínica de rehabilitación que ofertaba la presunta "cura de la homosexualidad".
Con la denuncia presentada por la ciudadana Zulema C. la Fiscalía inició una investigación sobre la existencia de una supuesta clínica de rehabilitación de adicciones, donde se ofrecía la "cura" a personas con una orientación sexual diferente.
El 17 de mayo del 2013, Zulema C. fue recluida a la fuerza en el Centro de Rehabilitación La Esperanza, que funcionaba en Tena, provincia de Napo. Allí presuntamente fue sometida a tratos denigrantes y violatorios de sus derechos y garantías con el supuesto fin de "rehabilitarla" en su sexualidad.
Con esos antecedentes, la Fiscalía inició la indagación previa el 20 de junio del 2013 y con los elementos de convicción suficientes, se realizó un operativo en esa ciudad amazónica. Allí se logró la detención de Janine O., quien actuaba como Comisaria de Salud; Mentor O, presidente de la Junta Cantonal de la Niñez; además de Hipólito P, Mayra U, y Maribel V.
A las 17:30 de ese mismo día se realizó la audiencia de formulación de cargos y en ella, la Fiscalía solicitó al juez Primero de Garantías Penales de Napo, Daniel Narváez la prisión preventiva de estas personas, pedido que fue negado y se cambió por medidas alternativas, resolución que fue apelada por la Fiscalía General del Estado.
En este caso, la Fiscalía formuló cargos por considerar que los sospechosos incurrieron en el Delito de Odio, tipificado en el art. 212 del Código Penal. Éste dice que "será sancionado con prisión de seis meses a dos años quien cometiere actos de violencia moral o física de odio o de desprecio contra una o más personas en razón de su color de piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual…".
Según las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, Zulema C. fue víctima de maltrato físico y psicológico por su orientación sexual. Actualmente, ella está protegida por el programa de Víctimas y Testigos de la Fiscalía.
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