Ximena Vintimilla, jueza de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), dictó este martes el auto de llamamiento a juicio contra el ex ministro del Deporte, Raúl Carrión, y otros cuatro procesados por el presunto delito de peculado en la compra de implementos deportivos.

Los excolaboradores de Carrión llamados a juicio son: Rafael Mendoza, exdirector de Servicios Institucionales del ministerio; Elizabeth Cárdenas, exdirectora Legal, y los exproveedores Rosa Villegas y Mario Montevideo.

La magistrada dispuso la continuación de medidas cautelares personales y reales, contempladas en el Art. 160 del Código de Procedimiento Penal, esto es la prohibición de ausentarse del país y la obligación de que los cinco procesados se presenten periódicamente ante autoridad competente.

También ordenó la prohibición de enajenar sus bienes sobre los USD $100.000.

El pasado 18 de octubre, en la audiencia preparatoria de juicio, el fiscal general Galo Chiriboga presentó su dictamen acusatorio, el cual sustentó manifestando que "de  acuerdo a los elementos de convicción se establece que todos coadyuvaron directamente en la perpetración del delito que está tipificado y sancionado en el numeral 4 del artículo 257 del Código Penal".

Además, dijo que la adquisición de productos deportivos para el programa "Masificación Deportiva", no se ciñó a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Estos implementos deportivos consistieron en balones de básquet, fútbol, volley, juegos de ajedrez, pitos y cronómetros, que fueron adquiridos sin un estudio técnico, informe de necesidades y proyectos indispensables para la gestión institucional, y no constaban dentro del Plan Operativo Anual del Ministerio.

Esta investigación se inició con el informe presentado por la Contraloría, como parte del examen especial a la Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación (Senader) y al  Ministerio del Deporte,  realizado entre los períodos abril del 2006 a enero del 2007; y de enero 2007 al  30 de noviembre del 2008, respectivamente.

El informe determinó indicios de responsabilidad penal en las contrataciones efectuadas.