La Fiscalía  General del Estado inició ayer  una indagación previa para investigar presuntas irregularidades en la resolución dada en la acción de protección  Nº 982-10B, seguida por los ex trabajadores de la Cervecería Nacional. En el fallo se ordena el pago de  90 millones 902 mil 135 dólares a favor de cientos de  ex trabajadores que exigen  sus utilidades.

En un comunicado, la Fiscalía señala que Carlos Cevallos, apoderado de Hernando Segura,  vicepresidente de Asuntos  Corporativos de la Compañía  Cervecería Nacional, presentó una denuncia en contra de Robert Guevara y los abogados      Camilo Intriago González y Héctor Cabezas Palacios, jueces y conjuez, respectivamente, de la Tercera Sala de lo Penal de la Corte Provincial  del Guayas, por presuntas irregularidades  en la tramitación de la  acción de protección, seguida por Eduardo Cervantes, dirigente laboral y ex empleado de la empresa.

El denunciante afirma que  los jueces “fallaron contra normas expresas, mostrando un extraordinario afecto para  el accionante y un claro desafecto  contra la Compañía Cervecería Nacional”.