La Asamblea Legislativa boliviana inició el análisis del decreto de indulto para procesados o condenados por delitos menores que el presidente Evo Morales aprobó para aliviar el hacinamiento en cárceles.
El decreto fue aprobado la semana pasada, pero para entrar en vigor debe ser previamente aprobado por el Parlamento, por lo que el vicepresidente Álvaro García, que preside el Legislativo, convocó para hoy a una sesión para tratar el asunto.
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara baja, Héctor Arce, explicó a los medios que la Asamblea puede aprobar o rechazar la norma, pero no hacerle cambios, pues no es un proyecto de ley original del Legislativo.
El decreto plantea beneficiar con el indulto a personas cuya sentencia sea igual o menor a ocho años -por la comisión de delitos menores- y a aquellos detenidos preventivos cuyos procesos se hayan alargado cuatro años sin una resolución.
Podrán acogerse al beneficio ancianos, adolescentes y jóvenes de hasta 25 años, personas con enfermedades graves o terminales, con discapacidades graves y padres o madres que tengan a su cargo a hijos menores de 12 años con los que vivan en las penitenciarías.
La norma excluye a procesados o condenados por delitos de asesinato, violación a menores, traición a la patria, espionaje, secuestro, trata y tráfico de personas, terrorismo, separatismo, extorsión, corrupción, narcotráfico y a los que figuren en los registros reincidentes.
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