El homicidio de la niña Yuliana Andrea Samboní a manos del acaudalado arquitecto Rafael Uribe Noguera, cuya familia es propietaria de una constructora, causó una ola de indignación en Colombia y desde organizaciones defensoras de los derechos de la infancia hasta políticos de todos los partidos piden una sanción ejemplar contra el acusado y el endurecimiento de las penas a los asesinos de niños.

Yuliana Andrea, de 7 años de edad, vivía en un barrio popular de Bogotá con su familia, de origen indígena. El pasado domingo en la mañana, mientras jugaba en la calle con un primo, fue abordada por el arquitecto, quien le ofreció dinero y la subió por la fuerza a su camioneta. Luego la llevó a su apartamento, donde la estranguló y violó.

El padre de la menor, Juvencio Samboní, un humilde trabajador que hace cuatro años llegó a Bogotá con su familia procedente del sur del país, fue alertado por otro niño del rapto de Yuliana Andrea y de inmediato avisó a la Policía.

Los agentes inspeccionaron las cámaras de seguridad del sector y detectaron las placas del vehículo que conducía Rafael Uribe Noguera. Así llegaron al hermano del arquitecto, el abogado Francisco Uribe Noguera, quien es socio de un conocido despacho legal.

El abogado buscó a su hermano en el apartamento donde ocurrió el crimen, ubicado en un lujoso sector de la capital colombiana, y allí descubrió que había asesinado a la niña. El cuerpo estaba bajo el jacuzzi. Optó por avisar a la Policía y llevar al homicida a un hospital psiquiátrico, donde no lo aceptaron. Por eso, lo trasladó a una clínica donde lo tratan de una supuesta sobredosis de cocaína.

La madrugada de ayer, un agente de la Policía de la capital colombiana notificó al arquitecto, de 38 años, soltero y socio de la empresa familiar, de la orden de captura en su contra, con lo que quedó a disposición de la Fiscalía para responder ante un juez por cuatro delitos, femicidio agravado, secuestro simple, tortura y acceso carnal violento.

El exfiscal Mario Iguarán indicó que el homicida puede recibir una condena de hasta 50 años de prisión, pero diversas voces piden que se revise la legislación para los autores de crímenes de esta naturaleza contra menores de edad y reciban cadena perpetua.

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, aseguró que se requiere voluntad política para que el Congreso apruebe la cadena perpetua para violadores y homicidas de niños. “Los jueces no están aplicando la Ley de Infancia y Adolescencia. La ley es clara, prohíbe el otorgamiento de beneficios a los violadores de niños y tristemente estamos viendo que muchos de estos monstruos están en la casa por cárcel, se les ha reducido la pena”.

Precisamente una de las preocupaciones de diversas organizaciones defensoras de los derechos del menor es que el homicida de Yuliana Andrea, cuyo crimen provocó una ola de protestas en Bogotá para que el criminal reciba un castigo ejemplar, alegue atenuantes como demencia temporal.

Incluso el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, denunció que la escena del crimen fue alterada por terceros para obstaculizar la labor de la justicia. “La escena del crimen fue manipulada y he instruido a los fiscales para que judicialicen a los terceros, que intentan obstruir la acción de la Fiscalía General de la Nación”, dijo.

Decenas de ciudadanos realizan protestas en los exteriores de la clínica donde está internado el homicida y en un parque de esta capital se efectúa una vigilia permanente para exigir un castigo ejemplar por este crimen. (I)