El exgerente  y el exauditor interno de la excooperativa Coopera fueron declarados culpables como autores del  delito de lavado de activos por el Tribunal Segundo de Garantías Penales del Azuay.

Dentro del proceso que inicio el 26 de junio, tres personas  estuvieron involucradas, sin embargo en la fase de alegatos la Fiscalía se abstuvo de acusar al exdirector financiero por lo que el Tribunal ratificó su inocencia.

La sentencia que fue emitida aproximadamente a las 6:30, culminó con palabras inesperadas de R.A., exgerente de Coopera quien indicó que se trató de una persecución política de los grupos económicos de poder que se sintieron afectador por la cooperativa. “Me han silenciado por más de un año. Detrás de esto está la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el Ministro Fiscal y  los interese del banca, los intereses de los grandes monopolios de este país, porque Coopera estaba siendo uno de los proyectos populares productivos”, señaló.

En la teoría del caso, la fiscal Paola Molina explicó que en el periodo comprendido entre octubre del 2012 y mayo del 2013,  se realizaron un total de 84 transacciones financieras “inusuales e injustificadas”, de un total de $35.000.000.

El dinero correspondía al pago de exportaciones de productos que realizaban 12 empresas presuntamente ficticias. Durante las investigaciones la Fiscalía determinó que varias de estas empresas no tenían clientes ni proveedores, nunca habían realizado exportaciones hacia Venezuela y las direcciones eran falsas.  

Además dentro de la fase de alegatos, Molina señaló que con las pruebas documentales y testimonios probó el beneficio directo de uno de los procesados, refiriéndose al exgerente.

Señaló que $100 mil fueron transferidos el 21 de mayo del 2013 a las cuenta de Coopera del exgerente y explicó que de acuerdo al informe  de la Unidad de Análisis Financiero, en el periodo abril - mayo del 2013, habría manejado en efectivo la cantidad de aproximada de $110 mil, usados para precancelar créditos y pagos de tarjetas.

También indicó que los ingresos percibidos por el exfuncionario por el desempeño de sus actividades ascendían a un valor de $330 mil, que no guarda relación con el ingreso a sus cuenta de aproximadamente $1.000.000. Existiendo un monto de $660 mil que no estarían justificados.