Ruth Castillo, fiscal que lleva el caso de Unión Constructora, empresa inmobiliaria que, de acuerdo con los peritajes del proceso, estafó a cerca de 6.000 personas en Quito, afirmó ayer que concluyó la instrucción fiscal y que el perjuicio suma aproximadamente $ 1’600.000, con cerca de 200 denuncias presentadas. 

Sin embargo, aún no se remite la sentencia para Javier P. y su cónyuge, Yadira T., pese a que el tribunal Quinto de Garantías Penales determinó su culpabilidad hace dos meses.

Unión Constructora es una de las compañías con mayor número de afectados, por no cumplir con los planes de vivienda ofrecidos.

Por esa razón, los perjudicados de esa empresa, junto a los de Portales, Visión Constru y Habitavia, quienes se habían congregado en los exteriores de la Asamblea, fueron escuchados ayer por la asambleísta María José Carrión, de las filas de Alianza PAIS.

Aunque la reunión no estaba pactada, ella los recibió con la finalidad de estar pendiente de todos los casos de familias afectadas, y aclaró a los asistentes que cualquier cambio o modificación que se efectúe en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) no será retroactivo. “Todo el trabajo será para prevenir que casos como los de ustedes no vuelvan a ocurrir”, expresó.

William Aguaguiña, abogado de las familias de Unión Constructora, antes de la reunión afirmó que entre las cuatro empresas podrían sumar casi 10.000 familias afectadas, solo en la capital. Y manifestó que Edith Duque, liquidadora designada por la Superintendencia de Compañías, hizo pública la venta de 22 bienes inmuebles, con la finalidad de pagar el dinero a los perjudicados de Unión Constructora.

Aguaguiña solicitó que se tipifique la captación de fondos indiscriminada con penas de 6 a 9 años de privación de libertad, mayor control de las autoridades municipales y fiscalización a los funcionarios de la Superintendencia de Compañías, por permitir que algunas de las empresas inmobiliarias continúen recibiendo dinero hasta el último día.

María Fernanda Mejía, representante de las familias de Habitavia, reveló que son ya 350 las denuncias por estafa presentadas en la Fiscalía, y que serían dos empresas más de este grupo las que entrarían en liquidación: Viavivendi y Desus Nova, pues Habitavia Home ya se encuentra en ese estado, con la liquidadora Nancy Ordóñez.

Mejía fue perjudicada con aproximadamente 20.000 dólares por un plan de vivienda que no recibió y exige justicia.