El año pasado la Contraloría General del Estado examinó el proceso de indemnización que hizo el Estado a a la empresa EDC Ecuador, hecho ocurrido en 2010.

En aquel entonces entraron en vigencia las reformas a la Ley de Hidrocarburos, por lo que las autoridades iniciaron los contactos con EDC Ecuador, a  cargo del manejo del bloque 3.

El objetivo era pasar a una figura de prestación de servicios. La compañía no mostró interés, de modo que el grupo negociador recomendó la terminación unilateral del contrato, la fijación de la liquidación y su forma de pago.

Para determinar el valor de los activos se suscribió un contrato con la consultora Gaffney, Cline & Asociates Inc. (GCA), la cual recomendó  subdividir la oferta económica en dos: $ 49 millones para EDC Ecuador y $ 31 para Machala Power (MPC).

La Contraloría observó que el Secretario de Hidrocarburos no emitió una norma que regulara el procedimiento para la liquidación, como lo ordenaba la Ley de Hidrocarburos.

Según el informe de Contraloría no se evidenciaron los parámetros y cálculos realizados para establecer el valor de la liquidación. Tampoco encontraron documentación sobre la conformación y participación de comisiones de negociación durante el proceso de terminación y liquidación del contrato. No se evidenció si hubo una negociación por parte del Estado y de MachalaPower. Ante ello la Contraloría impuso dos glosas, una por $ 49 millones y otra por $ 31 millones, lo que suma $ 80 millones.

Los funcionarios involucrados son el entonces ministro coordinador de Sectores Estratégicos, Jorge G; el ministro de Recursos Naturales no renovables, Wilson Pástor; el viceministro de Hidrocarburos, Carlos P. Y.; el subsecretario de Gas natural, José Icaza Romero; el secretario de Hidrocarburos, Ramiro Cazar, y el titular de Electricidad, Esteban Albornoz.

Cazar está involucrado solo en la glosa por $ 49 millones y Albornoz en la de $ 31 millones. Los otros 4 en ambas. Todos tienen 30 días para presentar las pruebas de descargo. (I)