Un grupo de ciudadanos colombianos presentó una queja, la mañana del martes anterior, ante la Defensoría del Pueblo (DP) por presuntas faltas al debido proceso en los operativos iniciados por la Policía en el combate contra el delito de usura.

Lo hicieron en presencia de funcionarios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Comité de Derechos Humanos (CDH) y el Servicio Jesuita a Refugiados.

Los denunciantes afirmaron que  cerca de 31 colombianos se hallan privados de libertad por allanamientos policiales efectuados hace 15 días en la Florida Norte, en Guayaquil, en los que buscaban a los llamados “chulqueros” (prestamistas).

Mauricio Puentes, colombiano de 29 años y con 10 de residencia en el país, afirmó que de sus 31 coterráneos, la mayoría son comerciantes, panaderos y ebanistas. “Ellos no tienen nada que ver con la usura o el llamado chulco”, indicó.

Luis Sánchez, abogado de la DP,  dijo que una vez que le den más información se abrirá un expediente de vigilancia al debido proceso, y en el caso de  anomalía se exhortará  que intervenga la Judicatura.