"Queremos que se reconozca nuestra inocencia. Que nuestros hijos vean que somos inocentes", fueron las palabras de José Luis Lema, una de las víctimas de torturas por parte de agentes de la Policía, en 1998.

Esta mañana, en rueda de prensa, Lema expresó su satisfacción sobre la sentencia del Tribunal Tercero de Garantías Penales de Pichincha que condenó a 3 años de prisión a un policía en servicio pasivo que habría sometido torturas a contra de él y otros compañeros, en ese año.

En el caso fueron procesadas 4 personas: Pedro U. A., quien fue condenado a 3 años de reclusión como autor del delito de tortura a los jóvenes detenidos; Pedro G. G.; Iván F. P. y Luis A. N., quien se encuentra prófugo por lo que su proceso se encuentra suspendido. El Tribunal declaró inocentes a los agentes Pedro G. G.; Iván F. P. por no encontrar suficientes pruebas en su contra.

Juan Pablo Albán, abogado de las víctimas, indicó que están "parcialmente satisfechos" con esta sentencia puesto que dejó un precedente para sancionar otros casos de lesa humanidad.

El defensor legal añadió que aún quedan pendientes los procesos para los 2 implicados, ya que los delitos contra la humanidad como la detención arbitraria y la tortura, "no son cometidos por una sola persona, sino que requiere de la autorización de sus compañeros y superiores".

Por ello añadió que "la Fiscalía está en la potestad de apelar solicitando que se revise la absolución de los 2 acusados".

El 18 de septiembre de 1998 fueron detenidos de forma arbitraria 5 muchachos, en el sector del Comité del Pueblo (norte de Quito), bajo la sospecha de ser autores del asesinato al ciudadano Flavio Melo Pantoja, sucedido el 24 de agosto de 1998.

Según investigaciones de la Comisión de la Verdad, los chicos fueron detenidos y sometidos a torturas durante 10 horas y se los puso en libertad el 19 de septiembre.

Los detenidos fueron José Luis Lema Pérez, Edwin Xavier Punguil Ramírez, Washington Dávila Bolaños, Evelyn De los Ángeles Suntaxi y Luis Armando Pusda, los dos últimos no habrían sido torturados por ser menores de edad.

Los cuatro expolicías pertenecían a la Oficina de Investigación del Delito (OID), que fue una instancia de transición entre la eliminación del Servicio de Investigación Criminal (SIC).