Ana María Cevallos, jueza de la Unidad de Garantías Penales de Pichincha, acogió el pedido de la Fiscalía y llamó a juicio a 4 policías por el presunto delito de paralización de servicios públicos, durante los disturbios del 30 de septiembre de 2010, en el sector de Quitumbe (sur de Quito).

El fiscal Jacinto Quimbalombo señaló que los agentes serían autores directos del cierre del Terminal Terrestre, así como las avenidas principales de la central de transporte, lo que impidió que los buses provinciales salgan a sus diferentes destinos.

Los cabecillas, detalló Fiscalía, arengaban en contra del Gobierno por la Ley que había sido promulgada en el Registro Oficial, que según ellos les quitaba los beneficios que habían adquirido a través de sus carreras policiales.

Sus reclamos fueron en una supuesta solidaridad con sus compañeros en el Regimiento Quito.

Prescripción de las causas

Este proceso legal se inició en contra de 14 gendarmes. La instrucción fiscal empezó el 24 de septiembre de 2015 faltando 7 días para que prescriba la acción.

No obstante, Esteban Ballesteros, fiscal que inició la causa, solicitó 2 vinculaciones: la primera, el 18 de diciembre de 2015. Es decir 5 años 2 meses y 5 días, en la que vínculo a 37 policías.

La segunda vinculación fue el 15 de enero de 2016, es decir 5 años 3 meses y 15 días. En este el lapso se vinculó a un policía.

La Jueza concluyó que las vinculaciones eran nulas.

El delito del caso es por paralización de servicios públicos. Se inició con el Código Penal anterior que imponía reclusión mayor ordinaria de entre 8 y 12 años.

Pero con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP) el mismo delito, por principio de favorabilidad, da una pena privativa de la libertad de entre 1 y 3 años. (I)