En todos los centros de privación de libertad, centros de adolescentes infractores y unidades de desarrollo integral a nivel nacional, se activaron los protocolos del plan de prevención para evitar que la población penitenciaria se contagie con el coronavirus.

Una de las medidas más drásticas para las personas privadas de la libertad fue la suspensión de visitas. Los familiares solo acuden a las cárceles a dejar medicinas, gel antibacterial, mascarillas.

Largas filas de personas portando mascarillas y fundas transparentes con remedios se forman en las afueras de la expenitenciaría del Litoral, con sede en la periferia de Guayaquil. Esperan que los guías entreguen estos productos a sus parientes, aunque todos preferirían hacerlo personalmente.

Esta medida de prevención se aplica en las 55 cárceles que hay en el país: 29 son Centros de Rehabilitación Social (CRS) y 26 Centros de Detención Provisional (CDP).

Desde febrero, cuando se detectó el primer caso de coronavirus en el país, la Secretaría Nacional de Atención Integral de Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) tomó las precauciones ante esta pandemia.

“Trabajamos en protocolos y lineamientos que mantienen aislados a los centros de privación de libertad”, sostuvo Edmundo Moncayo, director nacional de la SNAI.

El funcionario consideró que bajo la prohibición del libre tránsito vehicular y peatonal era necesario implementar medidas más drásticas con relación a la población penitenciaria, y ante el incremento de casos de covid-19.

Para tomar la decisión de suspensión de visitas “se socializó con cada uno de los privados de libertad”, dijo.

Moncayo ha mantenido conversaciones con autoridades del Ministerio de Salud Pública, Consejo de la Judicatura, entre otras entidades, para aplicar los protocolos, a fin de proteger del contagio a presos, personal administrativo, agentes penitenciarios y policías. (I)