La Asamblea Nacional suspendió este miércoles el análisis del proyecto de Ley Orgánica de Lucha contra la Corrupción, luego de 10 intervenciones.

Aún se desconoce cuándo será retomado, pero se prevé que la discusión se retomará luego de la consulta popular.

La normativa, que fue preparada por la Comisión de Justicia, intenta encontrar mecanismos que permitan prevenir y luchar contra actos de corrupción. Plantea la muerte civil, es decir, la imposibilidad de volver a ejercer un cargo público de por vida cuando la persona haya cometido delitos contra la administración pública. Frente a esta infracción los corruptos tampoco podrán contratar con el Estado.

Se castiga entonces a quienes hayan incurrido en peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias y testaferrismo. En esos casos, también se suspenden los derechos de participación por un lapso de 10 a 25 años. En cambio, para quienes denuncien actos de corrupción habrá acompañamiento y asistencia jurídica.

Además, que para iniciar un proceso penal por peculado o enriquecimiento ilícito, en la etapa de investigación no se requerirá el informe previo de la Contraloría. Esto posibilitaría que el Fiscal solicite medidas cautelares, como prohibición de salida del país del sospechoso. Sin embargo, el documento del organismo de control será necesario para emitir un dictamen.

Para hacer viables estos planteamientos, la propuesta reforma varios cuerpos legales, entre ellos al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la Ley de la Contraloría.

Durante las intervenciones en el Pleno, se planteó abrir el debate hacia otras aristas que permitan desterrar la corrupción.

Otra popuesta es crear un nuevo tipo de peculado que juzgue a aquellos funcionarios que incurren en la omisión, lo que permite el cometimiento de actos ilícitos. (I)