Luego de que el fin de semana tres mujeres fueran detenidas por su presunta participación en la estafa de Unión Constructora, Carlos Reyes, abogado de un grupo de perjudicados, manifestó que se encuentran haciendo las diligencias para que la Superintendencia de Compañías entregue la lista con los nombres de  quienes constan como accionistas de la inmobiliaria, pues asegura que todos tienen responsabilidad en el manejo del dinero.

Además, ha solicitado a Fiscalía  un peritaje económico para determinar el  monto exacto del perjuicio, así como establecer los activos de la empresa, tanto en dinero como en propiedades de Javier Pachacama -dueño de Unión Constructora- y su esposa Yesenia Torres Carvajal, quienes se encuentran prófugos.

Por su parte Javier Herrera, uno de los afectados y quien lidera a las personas afectadas, señaló que por el momento descartan llegar a un acuerdo reparatorio, pues los acusados no se han pronunciado al respecto.

Hugo Suárez, abogado de María Gualla, una de las detenidas, señaló que  reunirán las pruebas necesarias de su inocencia; añadió que presentarán a clientes como testigos, quienes asegurarán que su defendida no manejaba el dinero de los clientes ni de la empresa.

Aseguró que los 3 mil dólares que la procesada guarda en una cuenta bancaria, corresponden a un préstamo que hizo hace algunos meses con el objetivo de comprar un vehículo.

Según el Servicio de Rentas Internas (SRI) y los datos del pago de impuesto predial del Municipio de Quito, ninguna de las tres mujeres consta como dueña de alguna propiedad.

Las tres procesadas fueron trasladadas hasta la cárcel de mujeres del Inca, ahí permanecerán durante los tres meses que dura la instrucción fiscal, en la que se determinará si existen o no los elementos suficientes para ser imputadas.