Una crítica al proyecto de reforma penal que supuestamente atribuiría al fiscal mucho apoyo para su investigación, aunque se lo somete a “demasiado escrutinio de su actividad investigadora” dio paso a la apertura del año judicial, una tradición de la justicia española.

Eduardo Torres-Dulce, fiscal general de España, hizo mención a la reforma penal que se discute actualmente en ese país, destacando en ella una “grave inconsecuencia”, pues atribuye la investigación a los fiscales y les niega, al mismo tiempo, “la capacidad de maniobra precisa para llevarla a buen término”.

Especialmente grave le parece a la autoridad el “recelo” que la reforma muestra hacia la figura del fiscal, pues se lo enfrenta a la observancia permanente del “tribunal de garantías y por las ‘partes personadas’ (quienes interponen una pretensión legal) desconocido en el derecho comprado e incompatible con cualquier perspectiva de eficacia”.

Su observación fue presentada en un acto que estuvo presidido por el rey Juan Carlos y las principales autoridades del sector de la justicia española.