El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos tiene pendiente coordinar el pago de $ 9’124.268,16 por indemnizaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en 2 casos, en los que todavía existe el saldo anotado y con lo que estarían cubiertas todas las indemnizaciones ordenadas por el ente de justicia.

Desde 1997 Ecuador ha tenido que cumplir con 14 sentencias reparatorias, cuyos montos sumados alcanzan los $ 40’152.023, de los cuales ya se han cubierto más de $ 30 millones.  “Al momento estamos al día en el pago de las indemnizaciones; hace unas semanas hemos procedido al segundo pago en el caso Quintana-Coello referido a los jueces destituidos en diciembre de 2004 por el Congreso Nacional durante el mandato de Lucio Gutiérrez”, manifestó la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga.

El caso se refiere a los 27 jueces destituidos para dar paso a la “Pichi Corte”, quienes plantearon la demanda el 23 de agosto de 2013. Los peticionarios estipularon que el 8 de diciembre de 2004 fueron cesados de sus cargos en la Corte Suprema de Justicia por el Congreso.

El fallo determinó que en este caso hubo una destitución inconstitucional y arbitraria, por lo que la corte internacional resolvió el pago de $ 12’353.709,39 como indemnización, del cual solo falta un pago de $ 3’496.116,6.

Salvador Chiriboga, el 3 de marzo de 2011, acudió a la CorteIDH para reclamar la expropiación de 60 hectáreas pertenecientes a su familia para construir el Parque Metropolitano de Quito.

La entidad de justicia concluyó que existió una vulneración al derecho a la propiedad y no hubo un pago justo por el Municipio Metropolitano y condenó al pago de $ 28’140.757,8 y está pendiente por cancelar $ 5’628.151,56.

Una vez canceladas todas las obligaciones con respecto a las sentencias de la CorteIDH, el Estado ejercerá el derecho de repetición y demandará a los causantes de las sentencias internacionales. (I)