$ 870 billones genera por año el crimen transnacional
Las investigaciones que realizó la Unidad contra el Crimen Organizado de la Fiscalía de Pichincha evidenciaron que una mujer había simulado la creación de una empresa exportadora de equipo odontológico hacia Venezuela para lavar dinero proveniente de un grupo de narcotraficantes de España; sin embargo, comprobar la información resultó complicado y demoró la indagación del caso.
La fiscal de Pichincha, TaniaMoreno, recordó que hicieron las gestiones con la Fiscalía de Venezuela y descubrieron que la supuesta compañía en ese país se dedicaba a comercializar frutas, lo cual permitió determinar cómo se hacía el blanqueo del dinero y la sospechosa que había amasado una fortuna de $ 10 millones con esta práctica ilegal, fue sentenciada a 6 meses de prisión por lavado de activos.
Esta indagación no fue fácil ya que recopilar datos y pruebas en otros países dilató el proceso y los cabecillas no pudieron ser identificados, “por eso es necesario que existan protocolos regionales o armonizar las legislaciones para poder identificar y detener a toda la estructura criminal que muchas veces puede estar en varios países”, manifestó Moreno.
Corte de Unasur
Por esta razón, el fiscal Galo Chiriboga impulsa el proyecto encaminado a crear la Corte Penal de Unasur que se encargaría de perseguir 7 delitos transnacionales que afectan a la región, como el narcotráfico, trata de personas, tráfico de migrantes, lavado de activos, blanqueo de dinero, falsificación de medicamentos, tráfico de armas.
Chiriboga dijo que desde hace 2 años trabajan en esta iniciativa, que busca judicializar en los 12 países miembros de la Unasur estos delitos.
“La característica fundamental de estos delitos es que se originan en un país, pero tienen efectos en otro, actualmente cada nación juzga la parte específica de la falta cometida en sus jurisdicciones y la organización casi siempre queda impune”, sostuvo.
Para la fiscal Moreno, contar con la Corte de Unasur sería un gran paso para perseguir este tipo de criminalidad, “por ejemplo, el tráfico de medicinas caducadas es otro fenómeno que está creciendo y ocurre con frecuencia en la región”.
Mencionó que está indagando a una organización que traía de Chile pastillas para la leucemia, pero caducadas, “estarían implicadas 17 personas en varios países, incluso hay exportaciones del fármaco, que cuesta $ 35 mil la caja, hacia Panamá”.
Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodoc), la delincuencia organizada transnacional es un gran negocio que produce anualmente alrededor de $ 870 billones, así como inumerables víctimas, según confirmaron los principales de este organismo durante una convención en Viena, en octubre de 2013.
Billonarias ganancias
Las grandes sumas de dinero en juego pueden comprometer las economías legítimas y tienen un impacto directo sobre la gobernabilidad, además de que un sinnúmero de vidas se pierden como resultado de la delincuencia organizada.
En el caso del narcotráfico las mafias producen $ 320 mil millones anuales, la trata de personas les deja cerca de $ 32 mil millones. El tráfico de medicinas fraudulentas procedentes de Asia que se envían al África generan $ 1,6 mil millones, mientras que la ciberdelincuencia se está convirtiendo en una de las más rentables, solo el robo de identidad produce cerca de $ 1.000 millones cada año, indica el estudio de la Unodoc.
El fiscal Chiriboga explicó que la idea es que esta Corte tenga 12 miembros, 6 principales y 6 suplentes elegidos por las cortes de justicia de sus respectivas naciones, la cual no tendría estructura burocrática sino una oficina en la sede de Unasur y actuará cuando los fiscales de los países así lo estimen.
La intervención de la Corte no sustituye a los magistrados locales y tendrá competencia exclusiva cuando se trate de un delito transnacional, promovido por una organización criminal y cuando el efecto del delito produzca perjuicios en 2 o más países de la región.
La entidad judicial tendrá la capacidad de conocer, sancionar y aplicar sentencias que tengan ejecución en el ámbito de la región, por tanto se conformará como un tratado internacional que tendrá 2 partes: tipificación sobre delitos que serán competencia de la Corte y un procedimiento para litigar, señaló.
Juan Ponce, director de la Facultad Latinoamericana de Comunicación Social (Flacso) en Quito, manifestó que es fundamental discernir sobre este proyecto cuya naturaleza debe ser discutida debido a que cada vez es más necesario entender y promover formas alternativas para lograr tener espacios eficaces para seguridad de los ciudadanos de América Latina, “esperamos que este proyecto salga adelante”.