Entre el 1 y 8 de febrero, las labores de inteligencia policial y penitenciaria permitieron la ejecución de 70 operativos que dejaron como resultado la aprehensión de 91 personas inmersas en el ingreso de objetos y sustancias prohibidas a los Centros de Rehabilitación Social (CRS) del país.

“Estas acciones forman parte de la política pública para transformar el Sistema Nacional de Rehabilitación Social”, comentó el coronel Rodrigo Ocaña, director de Seguridad Penitenciaria del Ministerio de Justicia.

El trabajo de Ocaña y su equipo permitieron el allanamiento de tres pabellones en diferentes cárceles, lo cual derivó en la incautación de varias armas de fabricación artesanal, teléfonos celulares, accesorios de teléfonos, artefactos electrónicos, cigarrillos, dinero y sustancias sujetas a fiscalización.

“En los operativos actuamos con los protocolos: primero se pone en conocimiento del director del centro donde se va a efectuar el operativo, luego del fiscal y un delegado de la Defensoría del Pueblo, que son los observadores y supervisan cada una de estas actividades”, detalló el coronel Ocaña.

Uno de los agentes de seguridad penitenciaria encubierto destacó el trabajo de inteligencia así como la información que llega y que permite detectar los perfiles de ciudadanos que ingresan en calidad de visitas.

“Además, nos permiten identificar al personal administrativo, agentes de seguridad penitenciaria, abogados, empleados de la empresa de alimentos, que a veces participan voluntariamente, o pueden ser obligados bajo amenazas para que ingresen algún tipo de objeto o sustancia prohibida en un centro de privación de libertad”.

La Dirección de Seguridad Penitenciaria alimenta a la UIP, que es la que tiene mayor número de personal.

“Desde aquí se centraliza, organiza y coordina con las subzonas de Policía donde están las cárceles. Ellos también manejan su propia información de los operativos y coordinan con las autoridades penitenciarias”, acotó Ocaña.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) contempla una pena de 1 a 3 años para quienes ingresen objetos o sustacias ilegales a los CRS. (I)