En marzo de 2015 los internos del pabellón de máxima seguridad especial del Centro de Rehabilitación Social de Turi, en Cuenca, alteraron el orden provocando daños en la infraestructura carcelaria. A través de la sala de monitoreo del penal se observó cómo algunos reos generaban desorden al interior de su pabellón. Los videos de las cámaras de vigilancia fueron parte de las evidencias que se incluyeron en la investigación del caso. La semana anterior 15 personas privadas de libertad (PPL) fueron sentenciadas por el delito de sabotaje.

La audiencia se llevó a cabo en el Tribunal primero de Garantías Penales de Azuay, a través del procedimiento directo, al cual se acogieron todos los involucrados. Al final se les impuso la pena de 20 meses de privación de libertad y el pago de 12 salarios básicos unificados ($ 4.248), por concepto de multa.
En cuanto a los daños materiales ocasionados al Estado por la muestra de indisciplina de los privados de libertad consta un valor de $ 18 mil; el avalúo incluye cámaras de seguridad, paredes, vidrios, sillas y mesas.

Días después, Ledy Zúñiga Rocha, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, anunció que agentes de las unidades especiales de la Policía, como el Grupo de Intervención y Rescate (GIR); Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA) apoyarían la custodia de los pabellones de máxima seguridad y máxima seguridad especial de los CRS regionales de Guayas, Cotopaxi y Azuay. (I)