Llegó la hora. La reciente designación de Guillaume Long como canciller de la República le impone su primer gran reto geopolítico: Ungass. Se trata nada menos de las siglas en inglés de la esperadísima Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas que debatirá en Nueva York “el problema mundial de las drogas”, del 19 al 21 de abril, tras el fracaso de similares intentos realizados en 1990 y 1998. Solo en dos ocasiones el mundo ha debatido la política de drogas en 29 sesiones especiales realizadas luego de la Segunda Guerra Mundial, es decir, cuando se crea el sistema de Naciones Unidas conocido en la actualidad.
Pero, ¿por qué se reúne el mundo para hablar de drogas? Porque existen “nuevos enfoques” que pusieron en cuestión al denominado régimen prohibicionista alentado por el discurso del presidente R. Nixon bajo el eslogan de “guerra contra las drogas”, y que se compone de tres convenciones (1961-1971-1988) y un órgano tripartito (CND-JIFE-ONUDD) encargados de proteger la “salud física y moral de la humanidad”. Sin embargo, además de rezar un objetivo quijotesco, su estrategia concibió al consumo como un problema de seguridad mundial.
Las evidencias sobran para usar el adjetivo fracaso. Violencia y debilitamiento de los estados; corrupción de las instituciones democráticas; mediocres sistemas de investigación e incautación contra el blanqueo de capitales; pérdida de soberanía en las agencias de seguridad y justicia; aumento estrepitoso del encarcelamiento y penas desproporcionadas; estigmatización penal de los consumidores y habitantes marginalizados; débil respuesta de la salud pública y privatización de los servicios de rehabilitación; desarrollo de imaginarios sociales discriminatorios a través de tabúes; y, sobre todo, aumento del consumo de drogas de uso ilícito a través de sustancias cada vez más letales.
A pesar de este diagnóstico existen países que prefieren mantener su status quo para impedir que Ungass transforme su compromiso político, esto es mediante la reforma de las convenciones y la instauración de un nuevo régimen internacional que adopte a la salud, el desarrollo y los derechos humanos como eje central en lugar de la penalidad. De ahí que los nuevos enfoques provienen de una gama de iniciativas implementadas por muchos países a través de una lectura flexible de las convenciones o mediante su directa contravención.
Los programas de salas de consumo para evitar el contagio de enfermedades como el VIH, la sustitución de drogas de uso ilícito por otras menos letales, el licenciamiento medicinal o terapéutico, la admisión de cultivos y consumos con fines espirituales o ancestrales, la construcción de umbrales como marcos de tolerancia a fin de evitar su criminalización, la despenalización de la posesión para consumo, la proporcionalidad de las penas y los perdones o indultos a pequeños traficantes, son claras rupturas al régimen de prohibición mundial de las drogas. Por ello, la agenda de Ungass también presenta un péndulo que va desde la urgente abolición de la pena de muerte en los 33 países que la aplican hasta la regulación del mercado del cannabis, tomando en cuenta que Estados Unidos ha sido el rector de la prohibición pero también uno de los impulsores de la regulación.
El nombre de Ecuador consta en la heroica lista de países que proponen una revisión del establishment mundial a través de políticas contrahegemónicas y enfoques diversos como el indulto a las mulas del narcotráfico, la prohibición constitucional contra la criminalización del consumo, la aplicación de umbrales para proteger a los usuarios, la no renovación del Puesto de Operaciones de Avanzada de Estados Unidos en Manta, así como de las preferencias arancelarias (Atpdea) y la proporcionalidad de las penas en su momento. Long debe sintonizar su discurso a partir de estos cambios, como la mejor oportunidad para posicionar al país como el ombligo de la paz dentro de una insólita guerra propiciada desde la “integridad” de las Naciones Unidas. (O)