El próximo 26 de enero, fecha en que el Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) terminará sus funciones, miembros del Observatorio Ciudadano para la Probidad y Transparencia de Jueces, Fiscales y Funcionarios Judiciales (OPTA-Justicia) realizarán en diferentes barrios y lugares públicos de Guayaquil y en varios cantones de la provincia un cuestionario de preguntas a 10.000 personas para evaluar su trabajo.
Con 17 interrogantes como la de: ¿Conoce usted si el CJT ha instaurado juzgados especializados para la administración de la justicia en zonas protegidas, rurales o marginadas?, o, según su percepción, ¿Usted cómo califica el trabajo del CJT en el proceso de reestructuración de la justicia ordenado mediante la consulta popular del 7 de mayo de 2011?, los activistas pretenden evaluar y obtener un diagnóstico de la justicia en el país.
El objetivo principal de esta asociación es observar y analizar, permanentemente, irregularidades que se presenten en casos judiciales de cualquier índole, explicó Vilma Torres, ex presidenta del Segundo Tribunal de Menores del Guayas, y una de las dirigentes de OPTA-Justicia.
“Estaremos distribuidos en varios comités para estar pendiente de los procesos en las fiscalías y cortes. Investigaremos audiencias fallidas, seguiremos las actuaciones de todas las partes en los casos, denunciaremos a las autoridades de control sobre intervenciones inadecuadas”, dijo César Cárdenas, otro dirigente.
Además, Miguel Montoya precisó que se presentarán los resultados de las evaluaciones y se destacará públicamente las acciones transparentes de los servidores de justicia.