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Tribunal dicta 18 meses de prisión contra exasesor de Daniel Mendoza

Jean Carlos Benavides junto a Daniel Mendoza, ambos acusados de corrupción en la construcción del Hospital de Pedernales.
Jean Carlos Benavides junto a Daniel Mendoza, ambos acusados de corrupción en la construcción del Hospital de Pedernales.
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27 de abril de 2021 - 21:10 - Redacción Web

El Tribunal de Asuntos Penales de Manabí dictó 18 meses de pena privativa de libertad en contra de Jean Carlos Benavides, exasesor del exasambleísta Daniel Mendoza. La misma pena impusieron los magistrados contra Franklin Calderón, fiscalizador de la obra.

Por su parte, el contratista José Véliz deberá cumplir 10 meses de prisión por el delito de cohecho. Este último se encuentra detenido desde hace 11 meses. Es decir, ya cumplió la pena impuesta.

La fiscal general, Diana Salazar, rechazó la decisión del Tribunal y la calificó de inconcebible. La Institución acusó a los involucrados por el delito de lavado de activos que implica una pena de 10 a 13 años de cárcel. Sin embargo, los magistrados los acusaron por cohecho. Bajo estos hechos, la Fiscalía adelantó que apelará la sentencia porque, a su criterio, favorece a los involucrados en la trama de corrupción vinculada con la fallida construcción del Hospital de Pedernales.

Dentro de la reparación integral, el Tribunal sentenció con una multa de $ 200 mil aunque, de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, el monto lavado asciende a los $ 8 millones, "por lo que la multa correspondería al duplo de esa cifra ($ 16 millones)", puntualizó la Fiscalía en sus cuentas oficiales de redes sociales.

Dentro de este caso también está involucrado el exasambleísta Daniel Mendoza, quien recibió una sentencia de cuatro años y dos meses en noviembre de 2020 por el caso de corrupción en la construcción del Hospital de Pedernales.

De acuerdo a la resolución, los magistrados declararon culpable a Mendoza en calidad de autor de delincuencia organizada, tipificado en el artículo 369, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y ordenó el pago de $ 8 millones como reparación integral que se dividía entre los involucrados.

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