La reducción paulatina del 51 al 19% de audiencias fallidas, en Guayas, es el resultado del trabajo conjunto entre la Coordinación Operativa y el Grupo de Control Disciplinario. Este último entró en funcionamiento el 23 de septiembre.

Pablo Martínez, quien desde hace dos meses es director de la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura en esta provincia, explicó que la Coordinación Operativa debe precautelar que se convoque oportunamente a los actores dentro de un trámite judicial, es decir, planificar de tal manera que no se los cite a distintas audiencias el mismo día con cortas diferencias de tiempo.

Mientras que el Grupo de Control Disciplinario se pone en contacto con las partes procesales una vez que fueron llamadas para prevenir su falta de asistencia y, si pese a ello incumplen, elabora un informe para que se establezcan medidas administrativas, de ser necesario.

María Fernanda Pazmiño, quien encabeza el despacho, detalló los nombres de los funcionarios que visitan los juzgados, tribunales y salas para constatar el desarrollo de las diligencias en Guayaquil y en otros cantones del Guayas. Además, toman datos que ponen a disposición del departamento de Estadísticas.

Martínez agregó que este es el primer equipo de respuesta en el país. “Guayas es la provincia más importante en lo que se refiere al Consejo de la Judicatura, por la cantidad de usuarios, de juzgados y de población. No está de más que sea un modelo de gestión”. 

Trabajo complementario

Pablo Martínez dijo que al asumir su cargo notó que al trabajo administrativo debía sumarse el disciplinario con carácter inmediato, para reducir “el nivel de incidencia de las audiencias fallidas y evitar que muchas situaciones se queden sin la respuesta disciplinaria necesaria”.

Sobre los registros de los últimos 30 días, mencionó que 56 audiencias fueron suspendidas por falta del abogado patrocinador y 60 por ausencia de funcionarios públicos y otros motivos, lo que obligó a la apertura de sumarios administrativos.

Las sanciones, en caso de que se establezca la responsabilidad de los operadores de justicia, van desde graves (podrían ser de suspensión) a muy graves (si reinciden en tres sanciones podrían ser destituidos) y están determinadas en los artículos 107, 108 y 109 del Código Orgánico de la Función Judicial.

En el caso de los abogados en libre ejercicio, Martínez aclaró que los jueces tienen la potestad de imponerles castigos (económicos o administrativos) por inasistencia y en caso de que no lo hagan, la Unidad de Control Disciplinario iniciará un proceso al magistrado.

El director aclaró que la institución no es un órgano perseguidor y que, por el contrario, espera que la sanción sea la última medida a considerar. “Todos tienen derecho a defenderse y a presentar sus justificaciones”.

Balcón de servicios

Otra de las herramientas que emplea la Unidad de Control Disciplinario es un balcón de servicios para la ciudadanía y los funcionarios.

Los complejos judiciales Florida (al norte), Valdivia (al sur), Vihcar (en el centro) y Makro (centro comercial Albán Borja) cuentan con asesores para atender consultas y resolver situaciones simples que suelen dar paso a la apertura de sumarios. Asimismo, están encargados de receptar denuncias y documentos relacionados con temas disciplinarios.