En estos días, los comentarios de muchos ecuatorianos han sido por los mensajes de audio o de texto recibidos en nuestros teléfonos celulares, advirtiéndonos de un supuesto feriado bancario en que se repetiría la nefasta historia que azotó a nuestro pueblo a partir del 8 de marzo de 1999.
Desazón, desesperación, angustia, dolor, indignación y muerte, fue el resultado de la entonces crisis financiera y feriado bancario que hoy personas inescrupulosas traen a nuestra memoria para infundir un injustificado temor, sobre la posibilidad de volver a vivir situaciones que simplemente preferimos olvidar.
Este tipo de herramienta ruin y cobarde no hace más que mostrarnos la identidad de ciudadanos que se resisten al cambio que nuestro país viene experimentando.
Pero es muy importante revisar la normativa penal que hace casi un año a través del Código Orgánico Integral Penal, establece nuevos delitos y severas sanciones para quienes pretenden de este modo cobarde, pero determinable, desestabilizar la banca y la administración pública con mensajes o rumores falsos, de falsedad absoluta, como decimos los abogados.
En este escenario, el conocido COIP establece en su artículo 232 el delito de “Pánico Financiero”, el que señala.- “La persona que divulgue noticias falsas que causen alarma en la población y provoquen el retiro masivo de los depósitos de cualquier institución del sistema financiero y los de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera, que pongan en peligro la estabilidad o provoquen el cierre definitivo de la institución, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.”
Teniendo claro que tanto la Constitución que prohíbe el feriado bancario como el COIP que sanciona estas prácticas que alarman y ponen nerviosa a nuestra ciudadanía, debemos ponernos de pie y decir basta a tanta infamia. Creamos en nosotros mismos y en este reto que día a día nos imponemos de construir una sociedad civil más justa y equitativa.
Por lo dicho, hago un llamado formal a nuestras autoridades, para que de oficio, inicien las investigaciones que sean necesarias para identificar y mostrar ante la luz pública la identidad de los responsables, de los conocidos mensajes que se difunden valiéndose del anonimato, y que buscan causar una injustificada alarma social con único objetivo de desestabilizar la banca para afectar a los ecuatorianos e inculpar de estas situaciones al Gobierno Nacional, creando un perjuicio no al actual gobierno sino al país y por ende a todos los que en él habitamos.
Esforcémonos por una patria digna en que exista oportunidad de mejores días para todas y todos nosotros, queridos lectores.
¡Juntos somos invencibles!