La capacitación de las y los servidores judiciales no ha logrado construir procesos reales de incidencia para cambiar la justicia. Si bien han existido diversos eventos orientados para la actualización jurídica-profesional, el gran salto de este ámbito estaría marcado por cómo convertir este proceso y los subprocesos que lo integran hacia la definición de una política institucional de capacitación que enfoque como prioridad el desarrollo de capacidades y potencialidades de las y los servidores para el mejoramiento de los servicios y la búsqueda de mayor calidad en su desempeño laboral.
Estos aspectos pasan por pensar cómo la Escuela Judicial puede potenciar la formación de los operadores jurídicos en consonancia con los proyectos emblemáticos de la Función Judicial y su Plan Estratégico. Por ejemplo, uno de los ejes fundamentales de su trabajo debe abordar los métodos alternativos de solución de conflictos, en la perspectiva de también fijar los retos para los cambios legales y procesales hacia su funcionamiento efectivo.
Una capacitación renovadora debe ser capaz de plantear los nuevos desafíos para la gestión judicial, no solo remitirse a los registros de las y los servidores que estuvieron presentes y recibieron las actividades de preparación. Necesitamos un sistema integral de capacitación que utilice todos los medios posibles para su implementación, por ejemplo, debemos innovar en el uso de las redes sociales, empero, no solo para las actividades formativas, sino como herramienta institucional de utilidad para prestar mejores servicios.
Su trabajo debe abordar métodos aternativos de la solución de conflictosOjalá sea posible que el Plan Nacional de Capacitación Judicial sea el resultado de un proceso amplio de deliberación y participación de las y los servidores con respecto a sus necesidades, así como también de sus compromisos y responsabilidades. Sería oportuno discutir con los diferentes estamentos de las y los operadores internos los grandes lineamientos para la elaboración de ese plan, como ¿en qué tipo de actividades de capacitación habrá un mayor o menor énfasis: talleres, cursos, congresos, jornadas, ciclos de conferencias, encuentros? ¿Qué prioridad estamos dando al intercambio de experiencias con las judicaturas de otros países? ¿Vamos a pensar en cursos por semestres, por meses o cómo podríamos innovar los calendarios? ¿Qué nuevos enfoques podríamos aportar para los cursos de actualizaciones de nuevas leyes? ¿Cómo están los avances para desconcentrar la Escuela Judicial o no se está pensando en eso? ¿Estamos incorporando temas nuevos en la capacitación como los concernientes a la oralidad procesal? ¿Qué criterios distintos van a incorporarse para evaluar la aprobación de cursos y talleres? ¿Estamos pensando en un desarrollo concurrente para la capacitación de judicaturas en provincias o en la ejecución exclusiva de actividades según regiones y provincias?
Mientras no logremos desarrollar una gestión de la FJ con acuerdos mínimos y el involucramiento de las y los servidores en su formulación y ejecución, difícilmente los operadores internos serán capaces de replicar acciones de mediación y construcción de acuerdos con los actores externos del sistema.
Otro gran enfoque para la recomposición de la Escuela Judicial debe estar marcado por el propósito de un real entrenamiento judicial para aportar en el cambio de la justicia. ¿De qué serviría cumplir con el número exigido de cursos y actualizaciones cuando seguimos con las mismas prácticas y malos tratos a los usuarios del sistema judicial? ¿Qué sentido tendría estudiar los enfoques doctrinarios contemporáneos de las ciencias jurídicas cuando no somos capaces de crear estrategias para innovar la gestión judicial?
En la medida en que articulemos el plan y el funcionamiento de la Escuela Judicial a las grandes deficiencias del sistema judicial y la búsqueda de alternativas para cambiar su modelo de gestión, contaremos con una política de capacitación que transforme y pueda crear las capacidades de las y los servidores con sus respectivas oportunidades.