Diana Salazar, fiscal general del Estado, solicitó a Felipe Córdova, juez de la Corte Nacional de Justicia que vincule al proceso investigativo en el caso corrupción en Petroecuador a Pablo F., Marco F., Roy C., Álvaro D. G. y Pedro S.

La solicitud nace de las grabaciones de las conversaciones entre Raúl D.T. y José D. L. P., en la que vinculan a estos nombres como supuestos participantes  en las negociaciones en los arreglos entre la estatal petrolera y la empresa Nolimit.

En este caso se encuentran con prisión preventiva Pablo C. excontralor subrogante de la Contraloría, el exsecretario de la Presidencia, José A. B. y otras seis personas más. 

Este proceso judicial se relaciona con Raúl D. T., pariente del excontralor y exfuncionario de la petrolera, quien en noviembre del 2019 se declaró culpable del delito de lavado de activos ante la justicia estadounidense. 

Las investigaciones determinaron que los detenidos exigieron un soborno de USD 3,1 millones para ayudar a una dicha empresa a obtener nuevos contratos con Petroecuador.