La justicia ecuatoriana ha dado un paso histórico en la persecución de crímenes de lesa humanidad, uniéndose a aquellos selectos países que, con un esfuerzo admirable, quieren desde la justicia erradicar la impunidad de abominables hechos.
Un juzgado penal ecuatoriano, a instancia de la Fiscalía y de las víctimas, ha iniciado la fase de enjuiciamiento por los crímenes cometidos, a partir de 1985, contra tres miembros del grupo Alfaro Vive Carajo (AVC) por las torturas, la desaparición forzada y las agresiones sexuales (femeninas y masculinas) a las que fueron sometidos.
Estos delitos no son, según la formulación de cargos de la Fiscalía, meros ilícitos penales comunes, sino que constituyeron un auténtico crimen internacional: un crimen de lesa humanidad, que no prescribe y, por tanto, es de exigida persecución.
Las conductas denunciadas formaron parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil ecuatoriana de la década de los 80, como consecuencia de la política clandestina de Estado contra aquellos sectores ideológica y políticamente considerados incómodos para el gobierno de turno. Según se evidencia de la denuncia presentada por la Fiscalía, estos hechos son parte de esa guerra sucia orquestada y ejecutada por determinados miembros del Ejército y de la Policía, con la finalidad de eliminar a los que denominaron subversivos.
Es necesario alcanzar la verdad judicial de los crímenes del pasado frente al olvidoEl Estado de Derecho se legitima con la acción de la justicia y no con el cobarde y furtivo crimen estatal de sangre. En aquel entonces, los que fueron señalados como subversivos y como sospechosos de cometer conductas ilícitas, debieron ser juzgados en tribunales de justicia y no sentenciados por un grupo o asociación criminal que, amparándose y abusando de sus cargos oficiales, se apartaron de las funciones legalmente encomendadas, no para cumplir la ley sino para violarla impunemente.
Hoy la justicia ecuatoriana se ha puesto a la vanguardia del Derecho Penal Internacional y ha dado un paso al frente de toda la comunidad internacional. Está evidenciando que, para la convivencia e higiene democrática, es necesario alcanzar la verdad judicial de los crímenes del pasado frente al olvido. Los tribunales ecuatorianos son ejemplo de que las obligaciones internacionales de investigar, enjuiciar y reparar las graves violaciones a los Derechos Humanos, son asumidas como obligaciones domésticas.
Núremberg nos enseñó la importancia de la persecución de estos graves crímenes que ofenden la dignidad de la humanidad. Ecuador, con este hito histórico judicial, nos enseña que, en otro lugar del mundo, los más graves crímenes internacionales se enjuician de forma efectiva y la justicia inexorablemente llega. Lección en la que también han escrito sus letras las víctimas y la sociedad civil, especialmente organismos de Derechos Humanos y juristas.