Desde el año pasado, 94 estudiantes de Derecho de 3 ciudades de Ecuador revisan y analizan las sentencias que voluntariamente entregaron 47 jueces. Esta actividad también la desarrollan 159 universitarios y 253 jueces de Bolivia, Perú, Colombia y Chile, países que participan del proyecto ‘Fortalecimiento del acceso igualitario a una justicia independiente y transparente en la región andina: auditoría social y transparencia’.

La Comisión Andina de Juristas tuvo la iniciativa de desarrollar este proyecto y en asocio con el Centro sobre Derecho y Sociedad (Cides), lo lleva adelante en este país.

La responsable del proyecto en Ecuador es Elizabeth García, miembro del directorio de Cides y profesora de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ella estuvo en Guayaquil y conversó con EL TELÉGRAFO sobre los avances del proyecto judicial.

¿Cómo nació este proyecto?
El proyecto ‘Fortalecimiento del acceso igualitario a una justicia transparente’ es una auditoría social al sistema de justicia en la región andina. En 2008 se inició en Perú y desde 2013 en Ecuador  para revisar si era posible que estudiantes de las facultades de Derecho de ambos países puedan efectuar un análisis de las sentencias, pero dando seguimiento a la línea de pensamiento de cada juez. También funciona en Colombia, Bolivia y Chile.

¿Cómo se organizaron para desarrollarlo en 5 países?
La Comisión Andina de Juristas, con sede en Perú, consiguió el financiamiento de la Unión Europea para que se desarrolle por 2 años en los 5 países. En Bolivia se asoció con la Fundación Construir; en Colombia con el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y Derecho Alternativos (ILSA); en Ecuador, con Cides; y en Chile, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. En estos países se firmaron convenios con las universidades para que profesores y estudiantes de Derecho trabajen con los jueces que voluntariamente quieran colaborar en este proyecto.

En Ecuador, ¿cuentan con la autorización del Consejo de la Judicatura para que los jueces entreguen sus fallos?
El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, está en conocimiento del proyecto, lo que nos manifestaron es que ellos no están presionando a los jueces para que entreguen sus sentencias, sino, más bien, los dejan en libertad para que voluntariamente participen. En esta investigación intervienen 23 jueces de Quito, 16 de Cuenca y 8 de Guayaquil. La idea es que los jueces se animen a hacerlo en mayor número.

¿Con cuántos estudiantes cuentan por país y en Ecuador con qué universidades firmaron convenios?
El objetivo es tener 50 estudiantes por país trabajando en esto; pero en Ecuador hemos superado esas expectativas. En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil conforman el comité 52 estudiantes de la facultad de Derecho; en Quito son 15 de la Universidad San Francisco; y en Cuenca, 31 alumnos de la Universidad de Cuenca. En la región son 250. Ellos voluntariamente se organizaron para desarrollar esta investigación y tienen profesores que los asesoran durante el análisis y el seguimiento que se está haciendo a las sentencias emitidas en 2013.
 
¿Por qué hay más estudiantes y menos jueces colaborando?
Es verdad, tenemos menos jueces entregando sentencias, quizás porque esto les quita un poco de tiempo, ellos están saturados de trabajo y tienen la presión de entregar un número de causas resueltas y si no lo cumplen, de ahí la importancia del trabajo que está haciendo el estudiante de Derecho  con la autorización del juez.

¿Qué esperan lograr con esta investigación?
Que haya una justicia más transparente en Ecuador. Lo que queremos es que las juezas y los jueces voluntariamente digan ‘aquí están mis sentencias’, ya que ahora hay un sistema diferente para ser nombrado y evaluado, probablemente también les interesa que sus nombres estén dentro de este proyecto, para que se vea con transparencia cuáles son sus resoluciones.
 
¿En cuántas materias judiciales trabajan los estudiantes?
Los estudiantes han dividido su trabajo en penal, laboral, civil y familiar. Estamos trabajando en 4 temas y poniendo más énfasis en aquellas sentencias que tienen relación con niños, niñas y adolescentes, con mujeres, población indígena o afroecuatoriana y GLBTI. La idea es ver cómo los jueces están resolviendo los juicios cuando se trata de estos grupos; a veces ciertos prejuicios podrían provocar lo que sería la garantía de derechos de niñez, de mujeres o GLBTI.

¿Cuál es el tratamiento que les dan los estudiantes a las sentencias?
Cuando los jueces entregan la autorización para que tengan acceso a sus archivos de sentencias, los estudiantes las sistematizan, las anonimizan, les quitan los nombres de las partes y luego se reúnen con los profesores y analizan cada uno de los fallos en relación con un juez y de ahí sale su línea de pensamiento, o sea eso termina siendo un material de educación importante para las facultades, porque las sentencias son frescas y de la nueva tendencia del Derecho.

¿Con esta investigación se trata de evitar la injerencia en los casos que sustancian los jueces?
Sí, por supuesto. Queremos que el juez sepa que cuando está dictando una sentencia alguien la va a revisar y la hará pública. Esa clase de injerencia es la que se está evitando, por eso decimos que son jueces transparentes los que participan en esta investigación, tal vez haya muchos otros, como también hay jueces que no se sienten tan cómodos de que haya estudiantes leyendo sus sentencias, pero son públicas.

¿Cuánto ha avanzado el proyecto y cuándo lo analizarán?
En 75%, y para el 30 y 31 de octubre está previsto en Guayaquil un encuentro nacional con los que integran la investigación en el país para analizar en macro este trabajo.