En un año de labores la Corte Nacional de Justicia (CNJ) despachó 7.364 causas  de las 17.855 que por años permanecieron represadas.

Pese a ello, aún hay un saldo pendiente de  10.491 procesos, explicó el presidente del organismo, Carlos Ramírez, durante su rendición de cuentas.      

El juez destacó que la integración de cuatro salas temporales contribuyó al despacho de las causas rezagadas, pero  lamentó que dichos jueces hayan empezado sus labores recién en julio y agosto de 2012.

Según el informe, anualmente la CNJ recibe un promedio de 8.000  causas, pero  la Sala Laboral fue la que mayor carga procesal recibió el año pasado, pues ahí se ventilan 6.456 causas, de las cuales 2.073 fueron resueltas. Le sigue la Sala de los Penal con 3.444 casos,  despachando 1.721, mientras que la Sala de lo Civil y Mercantil  recibió  2.609 y  resolvió 1.151.  Finalmente la Sala de Adolescentes Infractores recibió 70 causas y resolvió 69, quendándole pendiente una sola causa.        

Para Fernando Yávar, vocal del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT), la carga procesal de la CNJ es muy alta en comparación con el número existente de jueces. Por ese motivo la Judicatura  planteó la elaboración del Proyecto de Código General de Procesos con el cual se  prevé  concretar un  giro procesal hacia la realidad de la Corte y que, a la vez, sea  redefina como una Corte de casación. A criterio de Yávar, los jueces de CNJ deberían conocer un promedio de  200 casos al año.

El funcionario explicó que de esa manera se podrá  tener  una Corte que realmente cree jurisprudencia y marque las pautas para la Función Judicial, pues de lo contario   “existe una gran cantidad de fallas  que pone en aprietos a todos los jueces que intentan cumplir con los niveles de productividad y calidad”.                             

Para cubrir las necesidades de la CNJ se crearon las salas temporales, sin embargo no existe la suficiente disponibilidad de profesionales  que puedan integrar esas dependencias.

“El Consejo tiene que crear más salas para llegar a empatar el flujo de casos que entran y los que se producen anualmente por la CNJ, y  tomando en cuenta que no hay más postulantes, debería llamarse a los jueces titulares de la Corte Provincial que cumplen con los requisitos”, sugirió Yávar, quien anunció que debido a la carga procesal, los jueces temporales se extenderán en sus funciones un año.                    

Por su parte, Ramírez detalló que la labor de conjueces es  calificar el recurso jurídico en el aspecto formal, es decir, lo admite o inadmite en todas las materias, con excepción de  lo  penal que es de exclusiva competencia de los jueces titulares mediante  audiencias. Y precisó que si los conjueces admiten un recurso, éste pasa a un juez titular, de lo contrario regresa al juez de origen.

El presidente de la CNJ señaló que en la reforma planteada al Código Orgánico de la Justicia   no se contempla   otorgar más facultades a los conjueces para que estos puedan resolver las causas. Al respecto, Yávar manifestó que de acuerdo con un estudio de productividad y calidad,  lo ideal es que un juez de primer nivel no conozca más allá de 400 casos al año.    

En temas de Cooperación Internacional para enfrentar el  crimen organizado, delitos ambientales, informáticos, corrupción y terrorismo, Ramírez indicó que en noviembre del año pasado  la CNJ  propuso a la Organización de Estados Americanos (OEA) la suscripción  de la Corte   a la Red  Hemisférica de Información en asuntos penales y de extradición. Aquello  permitirá   intercambiar información y  colaborar en aplicación a la ley con otro países, brindándoles  la información necesaria para que los delitos no sobrepasen fronteras y queden en la impunidad.   

Con respecto a los procesos de extradición activa y pasiva, el año pasado con la colaboración de instituciones como Interpol-Quito, el ministerio de Relaciones Exteriores, del Interior, la Fiscalía General del Estado y las  judicaturas del país, se resolvieron un total de 48 casos de extradiciones y traslados de ciudadanos extranjeros y nacionales solicitados en países como Colombia, España, República Dominicana y el Salvador.

Sin embargo, aún están  pendientes 47 casos por resolver, correspondientes a 2012.