Queridos amigos, cada día la vida nos da la oportunidad de adquirir nuevas ópticas y visiones de lo cotidiano. Con ocasión de haber participado la semana anterior, en un Congreso Internacional sobre Derecho Procesal Constitucional en el hermano Estado Plurinacional de Bolivia, pude constatar que la necesidad de que el ciudadano común, conozca a fondo los derechos y las garantías que la Constitución le otorga, es imperiosa tanto para los ecuatorianos como para los ciudadanos de todas las latitudes del mundo.
Qué necesario es la implementación de proyectos y planes para la difusión no solo de los derechos constitucionales contenidos en la Carta Magna Ecuatoriana, sino además, de la jurisprudencia emitida, ya sea por la Corte Constitucional en régimen de Transición, por la Corte Constitucional del Ecuador, así como de las sentencias expedidas por la Corte Internacional de Derechos Humanos en clara ejecución de la Convención Americana de Derechos Humanos, por mencionar algunos de los instrumentos internacionales que, ratificados por Ecuador, constituyen parte de nuestra normativa.
Como Colegio de Abogados del Guayas y ahora como Federación Nacional de Abogados del Ecuador, hemos organizado algunos seminarios, jornadas, foros, conversatorios de la más alta calidad académica, pero no es suficiente. Ahora el reto es llevar a cabo una profunda investigación científica referente a estos derechos y garantías constitucionales, a la interpretación constitucional, con el fin de que se arraigue entre nuestros colegas, como un ejercicio cotidiano, la construcción de esta nueva justicia constitucional, esfuerzo que redundará en beneficio de la anhelada libertad, concebida como la capacidad de tomar las decisiones correctas bajo el conocimiento de que aquella decisión no lesione derechos propios o de extraños.
El acceso al conocimiento de los derechos constitucionales, en mi criterio, permitiría a los ciudadanos la concientización del respeto por los derechos de nuestros comunes, así como el conocimiento de nuestras obligaciones, como siempre lo hemos destacado en este espacio, el conocimiento es libertad y como tal una herramienta imprescindible para un mejor desarrollo.
Del mismo modo, de manera paralelamente y complementaria a la importancia de que el ciudadano conozca el contenido de nuestra normativa constitucional y legal, esto no lo convierte en un especialista en la materia, por lo que su necesario análisis y aplicación debe siempre realizada por profesionales del derecho, los abogados y las abogadas que dedicamos nuestro caminar en la preparación óptima, doctrina y casuística que asegura su correcto ejercicio.
Como profesionales serios y responsables debemos orientar a la comunidad toda por el camino del desarrollo armónico, propendiendo el bien común en cada una de nuestras actuaciones, dejando una estela de justicia y pulcritud en nuestro accionar.
Dentro del acceso al conocimiento constitucional y su profesional aplicación, el Estado juega un papel preponderante, es él, quien debe fomentar la culturización de nuestros ciudadanos en todas las materias, en el caso que nos atañe, la Corte Constitucional del Ecuador, como máximo organismo de la justicia constitucional en el país, es el llamado a implementar los medios y mecanismos que sean necesarios para que la población toda conozca sus derechos constitucionales y las herramientas que el mismo Estado presenta a sus ciudadanos para garantizar sus respeto y cumplimiento.
Se trata de un circuito muy bien estructurado, en el que constamos los ciudadanos como titulares de los señalados derechos, los abogados como personas conocedoras del amplio espectro constitucional y procedimental en su campo, y el Estado, como la institución responsable de garantizar su cumplimiento. ¡Juntos somos invencibles! (O)