Luego de que la Fiscalía General de la Nación investigó el caso de Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín, quienes fueron detenidos y encerrados arbitrariamente en 1985 por militares en la ciudad de Esmeraldas y posteriormente trasladados a un cuartel de Conocoto (Quito) para someterlos a sesiones de torturas, se concluyó que hay indicios de la existencia del delito de lesa humanidad instrumentado en los tipos penales de tortura, desaparición forzada y violencia sexual.

Para llegar a estas conclusiones, la Comisión de la Verdad de la Fiscalía, que ha seguido la investigación de 136 casos de violación a los derechos humanos durante el  gobierno de  León Febres-Cordero, comprobó que los tres ciudadanos fueron realmente encarcelados sin ningún justificativo, además de sometidos a innumerables suplicios, que siguieron un proceso “plenamente estructurado como una política de Estado para, supuestamente, acabar con la subversión en el Ecuador”, señaló Fidel Jaramillo, presidente de la Comisión de la Verdad.

Luis Vaca estuvo preso 3 años en una instalación militar, sometido a  torturas físicas y sicológicasEl 10 de noviembre de 1985 los tres ciudadanos, que eran parte del grupo AVC (Alfaro Vive Carajo), estaban reunidos en un restaurante del sector del parque infantil de la ciudad de Esmeraldas cuando súbitamente fueron rodeados por soldados que los obligaron a subir a un transporte militar y los llevaron al Batallón Montúfar de la localidad.

Desde el principio sufrieron vejaciones, golpes y tormentos que incluyeron, según los testimonios de los afectados, choques eléctricos y violencia sexual.

Al día siguiente los trasladaron atados y con capuchas en las cabezas hasta el cuartel de Conocoto, al sur-oriente de Quito, donde  en ese entonces funcionaba el CIQ (Centro de Inteligencia Quito).

Allí sistemáticamente personal militar los golpeaba y martirizaba, obligándolos a estar de pie todo el tiempo, totalmente desnudos, sometiéndolos a  torturas que incluían electricidad en los genitales.

Susana Cajas contó a los investigadores de la Fiscalía que tenía que bañarse frente a varios soldados y fue obligada a realizar actos sexuales humillantes.

El Presidente de la Comisión comentó que comprobaron la existencia de las mazmorras en el  recinto militar, las cuales fueron diseñadas de acuerdo a un manual de la CIA norteamericana, para la construcción de centros de detención que incluían medidas específicas, iluminación y hasta el sonido que tenían que hacer las puertas de  las celdas al abrir o cerrar.

Al cabo de 15 días Susana y Javier Jarrín fueron sacados de la celda en la madrugada y llevados a un terreno baldío. “Pensé que nos ejecutarían por la espalda”, relató la mujer, ya que los  militares les ordenaron caminar sin  regresar a ver.

A los pocos minutos pasó un patrullero presumiblemente con personal del Servicio de Investigación Criminal, SIC 10, y los llevó a una instalación policial donde los ingresaron acusados de portar documentos falsos; luego los llevaron al penal de donde pudieron salir al cabo de un año.

Luis Vaca permaneció detenido por tres años; su madre intentó buscarlo, pero de alguna manera su identidad en el Registro Civil fue borrada, por lo que las autoridades de ese entonces cuestionaron la existencia de su hijo.

Una vez que culminó el período socialcristiano, Vaca fue abandonado en la madrugada al frente de su casa, en Ibarra, a donde entró desesperado y no salió en 6 meses, según sus declaraciones. Todos estos acontecimientos sirvieron para armar el caso de la Fiscalía y comprobar la existencia de los delitos de lesa humanidad.

El fiscal general, Galo Chiriboga, acudirá el martes 1 de octubre a la Corte Nacional de Justicia para solicitar el inicio de la indagación fiscal por 90 días antes de llamar a la audiencia preparatoria de juicio contra los funcionarios de ese gobierno que permitieron los delitos, en un hecho judicial  inédito en Ecuador.