Los afectados del caso Unión Constructora fueron recibidos por funcionarios de la Alcaldía de Quito hoy a las 11:00, con la finalidad de que se sancione a la empresa por violar el artículo 477 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización (Cootad). Previamente, desde las 9:00, decenas de los perjudicados se reunieron en el parque de El Arbolito, y desde la avenida Gran Colombia marcharon hacia el Cabildo dirigidos por William Aguaguiña, abogado acusador del caso, y que los representó en el juicio donde fueron declarados culpables por el delito de estafa Javier P y Yadira T, propietarios de la constructora el jueves pasado.

Luz María Casa, una de las afectadas, indicó que perdió cerca de $12.000 porque compró dos casas que nunca recibió. “Mi hijo me enviaba el dinero de España, esto es fruto del sacrificio”, manifestó mientras se le salían las lágrimas.

Los 7.000 dólares que perdió Mercedes Acaro, también en la compra de su vivienda a la constructora, la llevaron a participar de esta marcha que recorrió las calles capitalinas para exigir justicia y así recuperar su plata invertida.

La mayoría de afectados coinciden en que algunos de los planes habitacionales de Unión Constructora eran comercializados a más de una familia, y que la compañía no contaba con los permisos municipales, por esa razón marcharon a la alcaldía.

Una comitiva de quince personas estafadas por la constructora, junto a Aguaguiña, se reunieron con Jorge Cueva, secretario de coordinación territorial y participación ciudadana de Quito, y el procurador metropolitano, Ernesto Guarderas, en donde se solicitó que se aplique lo que dice el artículo 477 del Cootdad.

El artículo refiere que:“quien procediere al fraccionamiento total o parcial de un inmueble situado en el área urbana o de expansión urbana, con fines comerciales, sin contar con la autorización de la respectiva autoridad y recibiere u ordenare recibir cuotas y anticipos en especie o en dinero, incurrirá en el delito de estafa tipificado en el Código Penal”.

Y también establece: “las municipalidades afectadas aplicarán las sanciones económicas y administrativas previstas en la ley y en las respectivas ordenanzas”.

Ernesto Guarderas, al escuchar la petición, manifestó que estudiarán jurídicamente el caso, pues, lo principal en esta situación es devolver el dinero de las familias, y que el municipio no cobrará una multa, que después en el aspecto legal, no ayudará a pagar a los afectados.