Para varios docentes de América Latina presentes en el V Congreso Iberoamericano de Derecho Administrativo desarrollado en la Universidad Católica de Guayaquil, la garantía del respeto a los derechos humanos es responsabilidad de cada Estado y mientras éstos cumplan, no será necesaria la intervención de organismos internacionales.

Asimismo, coinciden en que la región vive un cambio progresivo con respecto a la ampliación de la protección de estos derechos, fronteras afuera, desde 2006, cuando se aplicó por primera vez el control de convencionalidad, mecanismo comparativo entre las leyes de los países y las normativas de los organismos internacionales.

Este es uno de los instrumentos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) empleó en el caso Almonacid Arellano, chileno miembro del Partido Comunista que fue asesinado por carabineros (1973).
La CIDH comprobó que el proceso judicial por ese crimen careció de investigación y sanción de los responsables de la ejecución, por lo que intervino y finalmente ordenó que el Estado chileno indemnice a la esposa del fallecido.

La CIDH forma parte de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), organismo integrado por 25 países, entre ellos Ecuador.

René Olivos Campos, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo, opina que los derechos humanos ya no son solamente competencia de los Estados nacionales sino también de la comunidad internacional” y que las constituciones, tratados y leyes secundarias deben establecer un criterio de jerarquía.

“Los Estados que forman parte de este convenio, que lo han suscrito y se han sometido a este ordenamiento también deben observar que las sentencias que emita la CIDH, su jurisprudencia y los protocolos y adiciones que haya adquirido, se cumplan”, considera.

La garantía del respeto a los derechos humanos es responsabilidad de cada Estado

Isaac Damsky, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Buenos Aires, comentó que su país durante mucho tiempo se sometió a cuantos foros, tratados y jurisdicciones internacionales se le presentaron, para luego incumplir los laudos y las sentencias condenatorias o cumplirlos de manera difusa.

“Esto no tiene que ver con ninguna valoración ni partidaria ni política, sino con el ser jurídico argentino. Pareciera dar a entender que la actual década de gobierno fuera la que no cumplió y esto no es así”, aclara y agrega que hoy los organismos internos del Estado argentino son los encargados de hacer cumplir los dictámenes de organismos internacionales.

Damsky asegura en la actualidad se está generando de manera gradual un ámbito de indisponibilidad jurídica, es decir, que el Estado interno ya no es más soberano en materia de derechos humanos, pues los tratados internacionales a los que están adscritos valen tanto como las constituciones, pero explica que los pronunciamientos de la CIDH son orientativos y formadores de políticas públicas.

Álvaro Mora Espinoza, académico de la Universidad Nacional de Costa Rica, declara que es importante empezar a discutir a nivel latinoamericano que el derecho convencional es una obligación de los Estados para respetar los derechos humanos.

Sobre los casos que entran en análisis de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, admite que toma demasiado tiempo antes de que pasen a la CIDH. “Para que sea más ágil pienso que el control del Estado debe ser pleno, de manera tal que el derecho convencional sea únicamente subsidiario (complementario)”.

Augusto Durán, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Católica de Uruguay, acepta que las sentencias de la CIDH no son fáciles de ejecutar porque hay que ser muy prudentes; sin embargo puntualiza que en la región se está trabajando para que se imponga una adecuada concepción del derecho en torno a los derechos humanos.

Aquiles Rigail, asesor jurídico de la Universidad Católica de Guayaquil, expresa su satisfacción por la discusión de esta materia, de la que no existe un conocimiento profundo por su reciente surgimiento y espera que el análisis prolifere por la región para que la resolución de los conflictos y los reclamos que se presenten ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sean ágiles, porque “la justicia que tarda no es justicia”.

Krupskaya Larrea, presidenta de la Asociación Iberoamérica de Derecho Administrativo (ente organizador), estima que se cumplió con el objetivo de difundir entre la población la aplicación de los instrumentos de control y la interpretación que le dan a estos los Estados.