Tribunal incrementó el monto de la reparación por cohecho en caso Petroecuador

- 20 de julio de 2018 - 14:16
El Tribunal integrado por los jueces Richard Villagómez, Édgar Flores y Daniella Camacho. Este viernes se reinstaló la audiencia de casación.
Foto: Cortesía

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ratificó la pena privativa de libertad de 5 años para los autores; y de 2 años con 6 meses para los cómplices del delito de cohecho en el caso Petroecuador

La audiencia de casación, pedida por la defensa de los sentenciados, entre ellos Carlos P. Y., exgerente de la estatal petrolera, se reinstaló este viernes 20 de abril. 

El Tribunal de casación está integrado por los jueces Richard Villagómez, Édgar Flores y Daniella Camacho.

La sentencia fue modificada en la restitución al Estado pues, además del pago del triple del perjuicio, que es $ 37.813.886,60, deberán asumir la reparación material e inmaterial al afectado (Petroecuador), por un monto de $ 12,6 millones.

Además, el Tribunal sentenció a Sonia C. como autora del delito, más no como cómplice, y se declaró extinta la figura penal de encubrimiento para Jalice H.

Así, el Tribunal determinó como autores del delito a: Carlos P. Y., Álex B., Paquita M., Arturo E., Glenda M., Ramiro L., Humberto G., Juan B., Jaime B., Arturo P., Sonia C. y como cómplices a Yolanda P y Carlos P. A.

El recurso de casación fue presentado, luego de que el 13 de octubre de 2017, el Tribunal de la Corte de Justicia de Pichincha ratificó la sentencia de primera instancia, en contra de 10 personas como culpables en calidad de autores del delito; y otros 4 procesados fueron sentenciados como cómplices.

Con base en las investigaciones de Fiscalía, se determinó que un grupo de funcionarios públicos junto con contratistas del sector petrolero entregaron y recibieron dinero, creando empresas offshore para mover recursos que provenían de contratos relacionados con la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas.

El Tribunal dispuso, además, que se remita a Fiscalía el expediente para que inicie investigaciones por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento privado no justificado, lavado de activos y delincuencia organizada. (I)

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