Tres guías y un inspector del Centro de Adolescentes Infractores de Ibarra son investigados por la fuga de tres menores de edad. El escape lo denunció una persona que se comunicó con el ECU-911 a las 03:00 del 16 de julio de 2019.

En su llamada alertaba que tres jóvenes huían por las paredes exteriores del Centro de Adolescentes Infractores, ubicado en las calles 13 de Abril y El Oro, en las afueras de la capital de Imbabura.

Un equipo policial respondió a la emergencia y verificó la evasión de los menores que estuvieron aislados por robo, según informó a este diario un oficial de la Policía.

En la madrugada se organizó un operativo para buscarlos, pero no hubo noticias de ellos hasta el momento. Esta fuga se concretó pocas horas después de que el presidente de la República, Lenín Moreno, firmara el decreto ejecutivo que extendió por un mes más la declaración de emergencia del sistema penitenciario.

En el decreto se explica que la decisión se tomó luego de una recomendación del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI).

La entidad presentó a la Presidencia un informe de las actividades realizadas durante los primeros 60 días del estado de emergencia.

El organismo aseveró, en su oficio SNAI-SNAI-2019-0236-0, que se “requiere un período de transición que permita regresar al estado ordinario del sistema de rehabilitación social de modo gradual, evitando afectaciones a los derechos de las personas”.

El 16 de mayo de 2019, el Primer Mandatario declaró por primera ocasión el estado de emergencia en los centros de rehabilitación para movilizar a la Policía, Fuerzas Armadas y otras instituciones.

Durante dos meses el hacinamiento penitenciario se redujo y se coordinaron acciones para mejorar su seguridad. Por ejemplo, antes del decreto en los centros de rehabilitación había 40,36% de hacinamiento. Dos meses después hubo una reducción al 38,67%.

Esto se consiguió, según el SNAI, por una redistribución de personas privadas de libertad, pero principalmente por la aplicación más ágil de beneficios judiciales de los detenidos, como las prelibertades, que implican que no permanezcan 24 horas en prisión. También se reforzó el control y la seguridad externa de los centros considerados conflictivos, como el de Guayaquil, Cuenca y Cotopaxi.

Otra medida fue el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Penitenciaria en provincias como Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas y Pichincha. Sin embargo, estas acciones no frenaron los hechos de violencia en los centros de privación de libertad.

En los últimos 60 días se registraron, según el informe del SNAI, la muerte de 12 privados de libertad; 40 policías heridos en una revuelta en centro carcelario de Portoviejo; además, se incitaron otros cinco amotinamientos en otras prisiones.

La ministra del Interior, María Paula Romo, se mostró a favor de la ampliación del estado de excepción. El lunes 15 de julio de 2019, ella anunció que se estaba evaluando la medida y este martes 16 de julio de 2019 expresó que este tiempo será necesario para que la normalidad retorne al sistema penitenciario.

Ricardo Camacho, quien fue subsecretario del SNAI, sostuvo que el país aún no conoce la política para afrontar la crisis. Él no cree que un mes sea suficiente para que retorne la calma, porque seguirá el déficit de guías encargados de la seguridad. Actualmente hay 1.505 celadores que deben custodiar a más de 38.000 privados de libertad.  

Tampoco se solucionarán problemas estructurales como el hacinamiento, la salud y educación. Para él es clave la transferencia de recursos. Por ejemplo, recordó que mientras estuvo en el SNAI no se transferían los fondos para pagar horas extras a  guías o para cancelar por la comida de los internos (que representa un presupuesto diario de $ 2,50 por persona detenida).

En el decreto firmado por el presidente Moreno se dispone que el Ministerio de Economía transfiera los recursos suficientes para atender la situación de excepción, para cubrir no solo las necesidades de mejorar la vigilancia, sino también otros problemas que vive el sistema. (I)

La oposición
No querían otro decreto
Varias organizaciones sociales firmaron una carta pública para exigirle al Gobierno que termine con el Estado de Emergencia en los centros de rehabilitación del país, asegurando que no cumplió con sus propósitos.

5 grupos lideran el reclamo, entre ellas se encuentran la Comisión Ecuménica y el Comité Permanente de los Derechos Humanos.

Una veeduría
Otro de los pedidos es conformar una comisión que pueda vigilar las acciones de las autoridades y las denuncias de abusos cometidos en los centros de privación de libertad del país.