Los Roditti que agredieron a guardias no rindieron su versión en segundo llamado

16 de agosto de 2018 - 10:45
Los abogados de las partes acudieron a la Fiscalía del Guayas este jueves 16 de agosto.
Foto: Fabricio Obando/El Telégrafo

Por segunda ocasión no acudieron a rendir su versión ante el fiscal César Peña, los tres integrantes de la familia Roditti que participaron en la agresión a dos guardias de seguridad de la garita de la urbanización La Cumbre, en el norte de Guayaquil.

Peña manifestó que en las próximas horas los volverá a convocar a rendir sus versiones en su despacho y si esta vez no acuden, dispondrá que comparezcan con la fuerza pública dentro de la indagación iniciada contra los integrantes de la familia Roditti por intento de homicidio.

El abogado Pedro Buitrón, defensor legal de la familia Roditti, adujo falta de garantías por parte de la Fiscalía para que sus clientes comparezcan. Anunció que denunciará al fiscal Peña ante sus superiores por supuestamente adelantar criterio.

Buitrón insistió en que el acta de conciliación que firmaron sus clientes y los celadores es un acto privado válido.

El abogado defendió también la primera valoración médica legal realizada en la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía que arrojó solo tres días de incapacidad para los custodios, por lo cual el tema debió y debe ser tratado como una contravención.

Asimismo, indicó que los celadores fueron trasladados por la policía que actuó en el procedimiento al hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) Los Ceibos, donde los médicos de ese lugar les dieron un descanso médico solo de un día.

Sin embargo, el abogado Hernán Ulloa, desestimó la conciliación firmada por sus clientes porque, para él, ese tipo de acuerdos deben ser firmados y solemnizados por un juez de Flagrancia o de Contravenciones si el caso lo amerita. "Por lo tanto, esa acta no es válida", sostuvo Ulloa.

El fiscal Peña agregó también que la segunda valoración médica realizada a los guardias por un perito médico acreditado reveló una incapacidad laboral de 10 días para los denunciantes. (I)

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