Una mesa de trabajo conformada por la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Salud, de Educación y del Interior, se creará con la finalidad de crear protocolos de acción para atención de víctimas de violencia.

Ese fue el anuncio de Diana Salazar, fiscal General de la Nación, quien acudió a la Comisión Especializada Ocasional para atender temas y normas sobre la Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional.

Su presencia fue para detallar las diligencias que se han iniciado para el esclarecimiento de delitos contra los menores de edad, en casos como el de agresiones físicas y sexuales en el denominado caso de los planteles Aampetra (Quito), Aguirre Abad (Guayaquil), El Principito que también se suscitó en un plantel educativo de la capital, entre otros.

Representantes de agrupaciones que rechazan la violencia en contra de la niñez y adolescencia expresan su inconformidad ante la falta de procedimientos adecuados y demoras en la atención e investigación de los casos de agresión sexual en contra de niños, niñas y adolescentes. pic.twitter.com/cPUu5b3jfv

— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) June 11, 2019

Miembros de la sociedad civil reiteraron su preocupación por la lentitud con la que se resuelven estos casos. Esa fue la impresión que manifestó Cristina Torres, representante de la Coalición contra el Abuso Sexual Infantil en Ecuador, sostuvo que las trabas en la Fiscalía se inician desde que se presenta la denuncia, pues no existe personal especializado y, además, hay revictimización, señaló un comunicado difundido por el Legislativo. 

.@DianaSalazarM2, fiscal general del Estado, informó -ante @DerechosNinezAN- el trabajo que efectúa #FiscalíaEc en casos referentes a delitos de violencia sexual contra NNA. pic.twitter.com/tjR1MzCkiY

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) June 11, 2019

También, dijo que si una acusación se hace en enero, la valoración psicológica se la realiza luego de tres o cuatro meses. Recalcó que de cada 10 denuncias, una o dos llegan a juicio.

Salazar detalló que el personal a cargo cumple con las diligencias necesarias para realizar el proceso pertinente. Para eso, dijo, la institución cuenta con 50 Unidades de Atención en Peritaje Integral (UAPI), 80 médicos legistas, 75 psicólogos, 56 trabajadores sociales y 11 cámaras de Gesell.

La logística y el personal a cargo son fundamentales tomando en cuenta que la colaboración de la víctima, puesto que estos casos no dejan testigos.

“La única prueba con la que cuenta la Fiscalía, necesariamente, será la participación del afectado para que nos permita recabar los elementos probatorios”, señaló.

Salazar añadió que la institución tiene 90 fiscales especializados, 85 unidades especializadas a escala nacional. Asimismo, trabaja en la capacitación y concienciación de aquellos fiscales -en las provincias donde no existen unidades especializadas- para que atiendan este tipo de casos. (I)