Ministra del Interior condena asesinato de joven en Ibarra

- 20 de enero de 2019 - 13:28
Instante en el que el agresor retuvo a la rehén.
Tomada de Twitter

La ministra del Interior y secretaría de la política (e), María Paula Romo, se reunió el domingo 20 de enero con el Comandante General de la Policía Nacional, general Nelson Villegas; a la fiscal general (e), Ruth Palacios; el alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo; entre otras autoridades locales, para analizar las circunstancias en las que se cometió el femicidio de Diana R.

El hecho ocurrió la noche del sábado 19 de enero, en las calles Pedro Moncayo y Luis Cabezas Borja. Según las primeras versiones, un hombre de nacionalidad venezolana, quien habría sido pareja de la víctima, sostuvo una discusión con la mujer.

En medio de este incidente, el ciudadano tomó por rehén a la mujer. En ese instante, el individuo apuñaló por varias ocasiones a Diana Carolina R.

La situación generó indignación en los testigos del lugar, quienes golpearon al agresor. Los agentes impidieron que el hombre sea linchado.

La noche del sábado 19 de enero, un ciudadano venezolano, la mantuvo como rehén y -en presencia de varios policías- la apuñaló.

El hombre no consideró las palabras de la policía ni que ella se encontraba en estado de gestación.

Según un boletín difundido por el Ministerio del Interior, Romo señaló que , “lo ocurrido es un horror inaceptable. La muerte de Diana debió ser evitada con el uso de la fuerza por parte de la Policía”.

La Policía Nacional cuenta con protocolos y directrices para su actuación, además, de la normativa legal que le permite actuar como lo hizo en mayo del año pasado en Manabí, en un hecho muy similar al de Ibarra que evitó un femicidio..

La situación generó rechazo por parte de la ciudadanía que reclama por qué no hubo reacción por parte de los gendarmes que acudieron al punto, especialmente porque los policías repelieron a la ciudadanía con gas lacrimógeno.

La Policía emitió este mañana un comunicado con el cual detalló lo ocurrido. Informó que el detenido, quien responde a los nombres de Yordy Rafael L. G., fue trasladado junto con las evidencias hasta la autoridad competente para su juzgamiento.

"La Policía Nacional, con base a sus principios de transparencia y desarrollo permanente, analizará profundamente las actuaciones de los servidores policiales presentes en este lamentable evento, con el objetivo de verificar la debida aplicación de todos procedimientos".

El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, a través de su cuenta de Twitter también rechazó este acto. Y reiteró que "la seguridad de los ciudadanos tiene que ser siempre prioridad; actuando dentro de la ley, combatiendo la delincuencia y erradicando la impunidad". 

Para la Ministra es importante que la sociedad ecuatoriana tome en cuenta que este hecho ocurre precisamente en Imbabura, meses después de que se acusara y encarcelara a un policía -que actuó adecuadamente- de asesinar a un ciudadano afrodescendiente en medio del conflicto minero en Mascarilla, y un día después de que una jueza suplente dejara en libertad a los detenidos, también por temas de minería ilegal vinculada al crimen organizado, en la parroquia Buenos Aires.

A través de su cuenta de Twitter, la ministra Romo anunció su decisión de remover al jefe provincial de la Policía y a la Gobernadora de Imbabura.

Mientras tanto, La Fiscalía de Imbabura anunció que se activaron los protocolos respectivos para formular cargos por presunto delito de femicidio al ciudadano extranjero. La audiencia se realizará en las próximas horas. (I)

Ambientes en la ciudad de Imbarra

Alex Godoy, periodista de Hoy en Imbabura informó a Diario EL TELÉGRAFO, que la ministra del Interior está trasladándose a Ibarra en donde ofrecerá una rueda de prensa. 

El comunicador añadió que la ciudadanía se organizó para realizar una movilización en rechazo de la presencia de ciudadanos venezolanos. De momento, dijo, está prevista la marcha a las 16:00.

Por otro lado, se mantiene en reserva la ubicación de la diligencia para  Yordy Rafael L. G., para evitar posibles intentos de agresión al ciudadano extranjero. 

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