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Minera canadiense fue asaltada en la provincia de El Oro

El oro y la plata robados este lunes de un proyecto minero en el suroeste de Ecuador tienen un valor de 1,5 millones de dólares, dijo a Efe una fuente policial.

"La policía está trabajando en la investigación", señaló un funcionario, que pidió no ser identificado e informó que los asaltantes se llevaron 38 kilogramos de oro y 100 de plata.

La compañía canadiense Dynasty Metals & Mining (DMM), que explota la mina, dio unas cifras algo diferentes en un comunicado divulgado en Vancouver, en el que explicó que le robaron 36,8 kilogramos de oro (1.300 onzas) y 113 kilogramos de plata (4.000 onzas).

Los hechos ocurrieron la madrugada de este lunes en el Proyecto Zaruma, en la provincia de El Oro, cuando un grupo de ladrones armados accedió a la planta de procesamiento y se llevó barras de doré, una aleación de oro y plata, según la compañía.

DMM también señaló que si no recupera las barras robadas o recibe suficientes fondos de la compañía aseguradora "en un periodo de tiempo razonable, puede tener un efecto material negativo en la liquidez y operaciones de la compañía"

"Ningún empleado resultó herido mortalmente durante el asalto y las instalaciones de almacenamiento de oro sufrió daños reparables", añadió la compañía, que señaló que aumentará sus medidas de seguridad.

Además del Proyecto de Oro Zaruma, la compañía canadiense posee en Ecuador el Proyecto Jerusalem. El Gobierno ecuatoriano pretende expandir la actividad minera en el país para reducir la dependencia del petróleo, pese a la oposición de algunos sectores, principalmente indígenas.

En marzo firmó el primer contrato de explotación a gran escala con la empresa Ecuacorriente, de propiedad china, que prevé producir 180 millones de libras de cobre al año de una mina a cielo abierto en la Amazonía.

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Posteriormente, el informe llegará al Pleno de la Asamblea para una decisión definitiva.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó la solicitud de juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. La acusación se relaciona con una presunta responsabilidad política en el caso Progen. El trámite pasa ahora a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.