Elicio Enrique Medida, un albañil de 66 años,  nunca imaginó que el adquirir hace cerca de tres décadas cinco hectáreas, en  la parroquia Tenguel (cantón Guayaquil), significaría en la actualidad mantener una disputa con el anterior dueño a causa de que la propiedad aún no ha sido legalizada formalmente.         

Pese a cumplir con el pago pactado (900.000   sucres), esas tierras  se encuentran en litigio desde que el  vendedor exigiera  hace dos años  900 dólares  para pasar el terreno    a nombre de Medina.  “Me quiere cobrar   por la escritura del predio... nosotros somos pobres y no tenemos ese dinero para darle”, relató  el albañil. 

Ante la postura del anterior propietario, el afectado decidió acudir a la justicia ordinaria con el fin de que la otra parte  desista de solicitar  ese  monto y entregue la escritura.

“En septiembre pasado solicitamos  a un abogado que nos ayude, pero debido a que nos costaba mucho dinero el asesoramiento y lo extenso del proceso nos recomendó que el caso los resolvamos a través de la medición”, exclamó Rosa Maza Vivanco, esposa de Medina.

Así se inició el acercamiento entre  las partes  para -mediante   reuniones- llegar a un acuerdo y   solucionar el conflicto.

Amada André Morán, directora del Centro de Mediación de la Función Judicial de Guayaquil, explicó que 4.036  casos similares han sido resueltos sin la necesidad de que intervengan los jueces.     

Esa cantidad  corresponde al 65% de las  6.210  solicitudes   ingresadas desde  que se creó la entidad (en el 2000).  El porcentaje restante representa   los casos en los que uno de los involucrados  no  asistió a la audiencia (27%)   y en otros   se reunieron sin lograr  un acuerdo (8%).

“Brindamos a la ciudadanía una alternativa diferente al mecanismo tradicional de solución de conflictos... aquí se puede acceder a la justicia de manera más rápida y gratuita...”, detalló André. Agregó que un proceso de mediación podría  resolverse hasta en un mes aproximadamente, mientras que en el sector judicial duraría más de un año.  

El conflicto en el que se encuentra  Medina es uno más de  los reportados  que   espera ser solucionado.  “El señor     cuenta con   el certificado  de compra-venta suscrito en ese tiempo e incluso  el Inda (Instituto Nacional de Desarrollo Agrario) adjudicó la propiedad a su nombre”, narró    María Elena Idrovo, abogada  con cinco años de experiencia en el ámbito de la mediación.  “Cómo se le puede pedir (dinero) por algo que ya pagó...”, acotó. 

El  artículo 190 de la Constitución reconoce   la mediación como método aplicable para   solucionar conflictos. La normativa ampara la legalidad de lo acordado, que tiene    igual validez a la resolución  que emite  un juez.