Tres años es la pena máxima por violar la intimidad

- 31 de marzo de 2019 - 00:00
Foto: Internet / vice.com

Expertos consideran que se debería reformar el Código Orgánico Integral Penal y fortalecer el Código de Seguridad Integral, “que es vago y difuso” en casos de espionaje.

Las acciones de Julian Assange en lo relacionado a la violación de la intimidad del presidente de la República, Lenín Moreno, sí afectan la seguridad nacional.

Así lo considera el experto en esta materia, Santiago Orbe. Según él, la presencia del australiano en la embajada de Ecuador, en Londres, no es un “hecho preponderante o beneficioso”.

A criterio del investigador, la actuación de Assange, mediante WikiLeaks, afecta los intereses del Gobierno, el Presidente y los ecuatorianos. Por ello, dice, su condición de asilo debe revisarse.

El jueves pasado, el canciller José Valencia señaló que se actuará en “derecho” sobre la situación del asilado. Esta semana, mediante las redes sociales, WikiLeaks difundió una serie de imágenes y videos privados del presidente Lenín Moreno y su núcleo familiar.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona la violación de la intimidad hasta con tres años de privación de la libertad. También hay otras infracciones, que estipula el COIP, como la revelación del secreto (hasta un año de prisión) y difusión de información de circulación restringida (hasta tres años).

Según el abogado Ramiro Martínez, las penas por los delitos de violación a la intimidad pueden sumarse cuando se establezca el cometimiento de múltiples delitos en un mismo caso.

El jurista explicó que en el caso de la divulgación de la información privada del presidente Moreno puede existir un daño moral.
Recalcó que la Fiscalía es el organismo que establece el delito que se investiga.

Mario Pazmiño, exidrector de Inteligencia, considera que la publicación de la información privada del Jefe de Estado revela las ineficiencias del sistema de seguridad.

Contó que hay equipos de interceptación de teléfonos móviles y computadoras, administrados por Ronny Vallejo, exsecretario de Inteligencia, y su equipo, “que se perdieron y no aparecen”.

Alertó que funcionarios de la administración de Correa buscan regresar a trabajar en Inteligencia en el país.

Ecuador gastó hasta 2018, $ 1 millón al año para mantener el asilo del australiano en la embajada de Ecuador, en Londres. Se construyó un dormitorio propio, baño, ducha, oficina y hasta una sala de reuniones en 70 metros, de los 175 metros totales, de esa sede diplomática.

Assange recibió asilo el 19 de julio de 2012 en el gobierno de Rafael Correa, al ser catalogado como perseguido del Gobierno de EE.UU.

Una débil ciberseguridad

El experto en seguridad Freddy Rivera también considera que las actividades de Assange en la embajada en Londres afectan su calidad de refugiado y “eso sería una causal para el retiro de la protección de Ecuador”.

Sin embargo, opina que las acciones del asilado no atentan contra el Estado, “salvo que contengan información sobre la seguridad estratégica y exterior”.

Recordó que Ecuador eliminó la figura de seguridad nacional al establecer en 2009 la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Sin embargo, a su criterio, hay vacíos legales en cuanto al espionaje en el nuevo Código de Seguridad Integral, que debate la Asamblea, en donde los temas de inteligencia son “vagos y difusos”.

Rivera manifestó que hay un limbo de interpretación y aplicación sobre este tipo de “actividades de espionaje”.  

Santiago Orbe considera que es urgente una regulación sobre el ciberespacio. Recordó que Colombia tiene una normativa clara para evitar el espionaje. (I)

Antecedentes
Delito similar en Argentina
En Argentina, en enero y febrero de 2017, se hackearon las cuentas de redes sociales de la ministra de Seguridad de ese país, Patricia Bullrich. Ricardo Mirco y Emanuel Vélez enfrentan cargos por intimidación pública y amenazas.

7 años permanece Assange en la embajada de Ecuador en Londres.

Assange paga sus gastos
Desde octubre de 2018 Assange paga su alimentación, cuidados médicos, lavandería e internet, como parte del Protocolo Especial de Visitas, Comunicaciones y Atención Médica.

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