Gerardo intentó sacar un turno para renovar su licencia de conducir, pero se halló con la sorpresa de que debía esperar tres meses para hacerlo.

Ante la urgencia, se acercó a solicitarle ayuda a uno de los tramitadores que rondan los exteriores de la oficina de Brevetación de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE). Tras una corta conversación y luego de pagarle $ 60, finalmente obtuvo un turno para renovar su licencia después de dos días.

Las constantes quejas de los usuarios por los largos tiempos de espera motivaron que el 17 de septiembre de 2019 Eduardo Ayala, director ejecutivo de la CTE, asentara una denuncia formal por esta situación.

En el documento detalla que conocía de la presunta existencia de una red que gestionaba la falsificación de documentos para obtener licencias profesionales y no profesionales sin capacitaciones previas, matriculación vehicular, modificación de puntos y categoría de licencias y otros trámites.

A partir de la denuncia, la Fiscalía inició la investigación para establecer la veracidad de lo expuesto, quiénes eran las personas que estaban detrás de esta red y cuál era el mecanismo que utilizaban para emitir los documentos fraudulentos.

El lunes 21 de octubre, luego de un mes de indagación, la Fiscalía y Policía Nacional allanaron las oficinas de Brevetación y otros cuatro inmuebles en el norte y sur de Guayaquil.

Los operativos dejaron como resultado la captura de tres personas, una de ellas era un funcionario con más de 20 años en la CTE, mientras que las otras dos se dedicaban a maquillar los actos ilícitos en sus negocios de cibercafé y fotocopias.

Una cuarta persona vinculada a este hecho está prófuga de la justicia. Además, se incautaron computadoras, dinero y documentos de identidad que estarían vinculados a las personas que se favorecieron por esta red.

Reynaldo Cevallos, fiscal de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti), detalló que “habían personas externas que cumplían el rol de enganchadores y personas dentro de la institución que ayudaban a conseguir las licencias sin el procedimiento normal”.

Además, se hallaron un sinnúmero de documentos y credenciales de abogados que solicitaban diligencias como impugnación de citaciones y certificados de notarías que no eran originales.

La investigación detectó que existían tarifas por trámite. Por turno para día cercano se cobraba $ 10, por la exoneración del examen teórico desde $ 60 hasta $ 120 y por emitir una licencia profesional $ 2.000, citó el fiscal.

“Tenemos conocimiento de que los exámenes salían directamente aprobados, el usuario simulaba hacer la prueba, pero en realidad no se corroboraba el conocimiento de la persona, por lo que se le otorgaba licencias a ciudadanos que no estaban capacitados para conducir”, indicó.

Los allanamientos obligaron a que la oficina de Brevetación cerrara dos semanas, tiempo en el que se implementó un sistema automatizado de turnos, para evitar que las irregularidades se repitan, manifestó.

“Cuando no había el sistema automático a las personas se las atendía conforme iban llegando; una vez que se habilitó el turnero, quienes tenían turno falso se dieron cuenta de que no se les iba a atender”, explicó Leonardo Morán, director de Títulos Habilitantes de la CTE.

Añadió que cuando se acercaban a reclamar con su turno se les preguntaba dónde lo habían conseguido y admitían que afuera. Entonces se les decía que vayan a denunciar porque los habían estafado.

“Ofrecían turnos, exámenes psicométricos, pruebas teóricas; incluso bajar las multas, pero el tema de citaciones no lo maneja el Departamento de Títulos Habilitantes, por lo que también fueron estafados”, detalló.

Morán aseguró que ahora las citas son agendadas para dentro de dos o tres semanas y enfatizó que tener turno para dentro de varios meses no es excusa para transitar con el documento caducado.

“Es como el pasaporte, no me permiten viajar con un pasaporte con menos de seis meses de caducidad, entonces hay que tomar precauciones y renovarlo con tiempo. El trámite se puede hacer tres meses antes de que caduque”, manifestó. (I)

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40 días duró la investigación que desbarató red corrupta

El valor normal de una licencia es de $ 68, pero los usuarios pagaban a los tramitadores $ 160 adicionales y otros valores, indicó el director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), Eduardo Rafael Ayala Guzmán.

Era un secreto a voces lo que pasaba en la calle Brasil, donde se ubica el departamento de Brevetación de la CTE. Una persona le comentó que debía pagar una coima para obtener más rápido la licencia.

Ayala le dijo que presente la denuncia en la Fiscalía. La investigación duró 40 días, durante la cual determinaron a los presuntos responsables de la red de corrupción de licencias, entre ellos un servidor del área de test psicológico, que era el enganche con los tramitadores.

La única autorizada para emitir licencias es la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Sin embargo “nosotros (CTE) tenemos un convenio con ellos, y solo en este lugar se obtiene ese documento”.

El funcionario indicó que se desconoce el número de personas que consiguieron la licencia bajo la modalidad de tramitadores. Además de la investigación que continúa la Fiscalía sobre este caso, se renovó al personal de esa área de la CTE. “Se cambiaron a siete personas, incluyendo al jefe de Brevetación”, agregó Ayala Guzmán. (I)